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Carmen Lumbierres

Carmen Lumbierres

Psicóloga

Por larepresentatividad social del CGPJ

Los poderes del Estado deben ser independientes, en eso estamos todos de acuerdo, pero sin perder su legitimación democrática. En este contexto nos encontramos con el problemático encaje del Poder Judicial. La Constitución deja en manos del Congreso y del Senado la elección de 8 de sus 20 miembros, los otros 12 han de ser jueces y magistrados, que se elegirán según lo establecido con una mayoría tan cualificada, de 3/5 de las Cámaras, que requiere del consenso entre el Gobierno y la oposición. Desde 2018 existe un bloqueo institucional para la renovación del consejo.

Esta situación se observa con preocupación en la Unión Europea. Además, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, no menos de la mitad de los miembros de estos órganos deben ser jueces elegidos por sus pares. ¿Pero es democrático que en un estado social se deje el gobierno de los jueces a un colectivo que no representa a la realidad social? Han logrado su plaza tras aprobar unas oposiciones de gran dificultad y sin duda han accedido por sus propios méritos y capacidad. La independencia entre poderes del Estado quedaría garantizada, pero con dudosa representatividad social. Las oposiciones a jueces son duras y requieren el grado de Derecho y además cinco años de media según un reciente informe de Jueces para la Democracia. Los opositores, a falta de ayudas, provienen de un entorno social de clase media, como mínimo, dada la imposibilidad de las clases populares de poder sufragar estos gastos. Estas personas tienen una ideología y una visión del mundo y de la justicia muy vinculada a su percepción de la sociedad: basta con acudir a la jurisprudencia más reciente para contemplar la laxitud con la que se trata el fraude fiscal y la dureza contra delitos contra la propiedad o contra la salud pública, ya que el fraude muchas veces lo cometen personas para ellos «respetables» mientras que los delitos más penados los comete «la chusma».

La misma asociación cifra el coste de preparar la oposición en 550 euros al mes los dos primeros años y 400 euros/mes el tercero. Se propone un sistema de becas (como en Euskadi) y parece que el Gobierno de España por fin es receptivo a esta idea, que permitiría que alumnos de clase trabajadora puedan acceder a la carrera judicial. Si con el tiempo acaba siendo representativa de la sociedad española y no solo de un estrato sería adecuado dejar el nombramiento de parte de los miembros del CGPJ en manos de sus propios colegas, pero no antes, respetando así el carácter social y democrático del gobierno de los jueces.

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