En el sector de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Baleares trabajan unos 3.000 trabajadoras y trabajadores. El sector tiene una importancia estratégica, al constituir una parte importante de la imagen turística de las islas. Si hay sectores que no necesiten conflictividad, este es uno de ellos.

Sin embargo, los últimos meses y años han visto frecuentes movilizaciones. Esta conflictividad se deriva de la precariedad laboral (tanto en salarios como en condiciones de trabajo) del sector.

Hace casi dos años que la Conselleria reunió a la patronal estatal ASELIP, a los sindicatos UGT y CCOO, a las Entidades Locales y a algunas empresas para tratar de mejorar la situación del sector. Los sindicatos pedimos la negociación de un convenio colectivo a lo que ASELIP se negó. Esta negativa ha imposibilitado la negociación hasta que se ha creado la patronal a nivel autonómico.

Las Islas Baleares, con Mallorca, con un millón y medio de habitantes, tienen 5 ayuntamientos en gestión pública, 23 contratas en Mallorca, 6 en Menorca, 5 en Ibiza y 1 en Formentera, cada una de ellas con salarios y condiciones de trabajo distintas entre sí y que pueden diferir hasta un 40% en sus salarios. En total hay unas 40 situaciones distintas.

Desde UGT creemos que la precariedad laboral sumada al fraccionamiento del servicio tiene como consecuencia una peor calidad. Que los servicios en gestión pública presentan menor conflictividad y mejores condiciones de trabajo. Como contraste a las 40 situaciones de Baleares, la ciudad de Madrid, con 3 millones de habitantes, tiene 4 contratas.

Las plantillas son estables, por la cláusula de subrogación que implica el pase del personal de una empresa a otra, pero sin salir de la precariedad. Bajos salarios, que bordean el salario mínimo interprofesional y condiciones de trabajo muy duras (penosidad, horarios nocturnos, vehículos e instalaciones precarias y envejecidas, jornadas que se alargan, frecuentes bajas, plantillas demasiado ajustadas… )

En muchas contratas, los salarios no han mejorado desde hace 10 años, un ejemplo de la devaluación salarial y de que no basta tener un trabajo para tener una vida digna. Las malas condiciones desmotivan a los trabajadores empujando a la baja la calidad del servicio.

UGT ha recelado siempre de las privatizaciones. En este sector, la mayoría de administraciones no ejerce su responsabilidad y apenas controla la ejecución del servicio. Aunque quisiera, tampoco podría, por la carencia de especialistas que inspeccionen el día a día. Esa misma carencia les hace confiar en consultoras que buscan la solución mágica, barata y maravillosa, imponiendo condiciones que convierten los servicios (y las condiciones de trabajo) en un chicle, que se puede estirar o acortar, olvidando la realidad del sector y de las personas que lo forman.

Las contratas se adjudican en base al precio y a las supuestas mejoras. Tanto en un caso como en otro, lo pagan los trabajadores con condiciones de trabajo más duras. La situación actual se mantiene porque exige poco y aunque el servicio no sea de gran calidad permite políticas clientelares y asegurar la cobertura de actos, festejos y eventos, aunque sea a costa de los trabajadores, de los servicios de cada día y de la vida útil de instalaciones y vehículos.

Cuando un trabajador o un vehículo no puede prestar servicio, lo habitual es que se deje sin realizar o se tomen medios de otras contratas, siendo frecuente que vehículos o trabajadores presten servicio en una u otra sin dar cuenta a nadie. El objetivo de las empresas es la rentabilidad y para mantenerla utilizan todo tipo de artimañas para ahorrar costes o percibir mayores ingresos.

La situación no da más de sí. Es preciso dignificar las condiciones de los trabajadores del sector y para ello es necesario un convenio autonómico que fije unas tablas salariales dignas, ya que el convenio estatal no las incluye. Los sindicatos de clase hemos venido luchando por un convenio sectorial completo. A este esfuerzo se han sumado algunas empresas locales que también desean unas reglas de juego claras para el sector.

UGT ha aprendido a desconfiar de los Ayuntamientos, que nos dicen de boca para afuera que están por esta labor de mejorar, pero determinadas actuaciones parecen ir en dirección contraria. Nos duele ver que siempre se recurre a las mismas soluciones y ver que todos los acuerdos y compromisos que arrancamos a los responsables municipales decaen cuando tienen que trasladarse a unos Pliegos de Condiciones. Han logrado que no nos fiemos de ellos.

La situación no da más de sí. Es necesario un convenio autonómico que fije unas tablas salariales dignas

Es un hecho objetivo que cuando una contrata ha vencido, la incertidumbre hace que la empresa concesionaria se limite al mantenimiento mínimo de instalaciones y vehículos. Se producen más averías, lo que supone alargar las jornadas o trabajar en peores condiciones. En teoría, las administraciones deberían evitar estas situaciones. Sin embargo todas las contratas entran en prórrogas, voluntarias y forzosas o en «continuidad del servicio» eufemismo para decir que se obliga al mantenimiento de la contrata en condiciones antieconómicas, para la empresa y para los trabajadores.

La negociación colectiva está condicionada por la duración de las contratas y no debería ser así. Los cálculos económicos y las cláusulas de revisión de precios restringen la negociación durante la vigencia de una contrata. Hay que aprovechar los momentos de cambio. Por esto, la peor situación para los trabajadores -y para el servicio- es la de prórroga o de «continuidad del servicio». Sin embargo, todas las contratas acaban así.

Se alcanzan economías de escala al aumentar la dimensión de las contratas. En teoría, las administraciones deberían intentar agrupar recursos para optimizarlos. Sin embargo, la regla general no es agrupar sino fraccionar todavía más las contratas municipales en lotes todavía más pequeños buscando un supuesto menor precio que, como hemos dicho, se logra sobre la precariedad de los trabajadores.

Podemos añadir a esto exigencias como que la contrata deba tener su centro de trabajo en el municipio o mancomunidad, obviando que en situaciones de precariedad laboral, el cambio de centro de trabajo puede ser dramático para los trabajadores, que no pueden asumir el mayor coste del desplazamiento.

En las anteriores movilizaciones, los sindicatos de clase hemos logrado la convergencia de condiciones salariales, haciendo que las contratas peor retribuidas vayan acercándose a las mejores y el inicio de la negociación del Convenio sectorial, que será impulsada por UGT y que se basará sobre los acuerdos firmados hace unos pocos meses.

UGT ve ahora una repetición de la situación de Palma a inicios de los 80. La conflictividad de las contratas de limpieza y recogida de RSU se resolvió con la municipalización del servicio y la creación de EMAYA.

UGT, desde la primera reunión en octubre de 2019 con la Conselleria, con ASELIP, con CCOO, con la FELIB y con las empresas advirtió que, siendo el Convenio Colectivo sectorial un gran avance, no solucionaba de forma definitiva todos los problemas del sector, que es estratégico y del que en parte depende nuestra imagen turística. El sistema fraccionado de contratas provoca precariedad laboral, facilita corruptelas y no genera economías de escala.

La opción de UGT es un Consorcio que unifique las contratas a nivel insular, bajo gestión preferentemente pública. Aprendiendo de la experiencia de Tirme, S.A. en la que las basuras de toda la isla de Mallorca acaban siendo tratadas por una sola empresa. La unificación optimiza recursos humanos y técnicos, iguala condiciones para todos los municipios, iguala las condiciones laborales de todos los trabajadores, favorece la inversión a largo plazo y resuelve la conflictividad de forma definitiva.