La desorientación que caracteriza desde hace un par de años a Ciudadanos, que ha hecho de este partido una entidad irrelevante y hasta en peligro de extinción, parece haberse contagiado a las escasas mentes de alguna brillantez que todavía se mantenían obstinadamente en la ruinosa aventura, víctima de la descarriada egolatría de Rivera. Porque Luis Garicano, el laureado economista, catedrático de la London School of Economics, ha publicado un artículo, «así se les roba a los jóvenes su futuro», que demuestra que la mentalidad economicista no siempre se sustenta sobre la clarividencia política. No todo el mundo que está en la economía es Keynes, en una palabra.
El artículo es una crítica a la reforma acordada por el Gobierno con los agentes sociales —es decir, con las patronales y los sindicatos— que «consiste en derogar aspectos clave de la anterior. Ha sido celebrada porque busca garantizar que las pensiones seguirán subiendo. Pero nada es gratis: alguien siempre debe pagar la fiesta».
«En este caso —sigue diciendo Garicano—, los paganos son los jóvenes: el Gobierno acaba de endosar a cada uno de ellos una hipoteca de 100.000 euros hasta 2070. Eso es lo que, utilizando cálculos del economista Ángel de la Fuente, le va a costar la reforma a cada español». Para efectuar tales cálculos, el experto citado efectúa unas proyecciones que son solo hipotéticas porque nadie conoce, como es obvio, la evolución demográfica de este país hasta 2070.
Frente a semejante planteamiento, conviene efectuar una declaración de principios: muchos ciudadanos pensamos, y no solo desde la esfera de la izquierda, que sería una canallada inaceptable no preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y dejar que se consuman poco a poco por el abandono paulatino del Estado. El mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión es el mínimo derecho que debe defender a capa y espada quien se ha sacrificado toda una vida laboral por este país. Y aún podría exigir mejoras, si el desarrollo económico lo permite.
El argumento en contra de esta tesis, que es la única civilizada que puede concebirse, es que, según los baremos actuales, las cuotas de la seguridad social no bastan para sostener sin déficit el sistema. En primer lugar, tal afirmación es relativa y teórica porque, una vez excluidos del sistema de SS los llamados «gastos impropios», aquellos distintos de los que se efectúan para pagar las pensiones contributivas, el déficit ya es mucho menor. Por lo tanto, bastaría con trasladar tales pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado para que el problema se mitigase grandemente.
Pero aún hay más: las pensiones son una prestación social más, perfectamente comparable a la asistencia sanitaria y a la educación. Y ¿por qué en tanto unas prestaciones se financian sin objeción por los PGE, otras tienen que ser autosuficientes, es decir, mantenidas por unos impuestos finalistas (las cuotas no son otra cosa), como si no fueran una parte esencialísima de nuestro estado de bienestar?
Decir, en fin, que el sistema de pensiones «no es sostenible» porque no se sostiene mediante las cuotas establecidas y que han de abonar tanto las empresas como los propios trabajadores es un puro sofisma. Porque lo que ha de hacerse no es regatear lo suyo a los mayores sino establecer un sistema fiscal justo y equilibrado que garantice unos ingresos suficientes para financiar todas las prestaciones necesarias para que este país mantenga e incluso eleve su nivel civilizatorio. Porque además de mantener y mejorar el sistema de pensiones, hay que mejorar la Sanidad —sus carencias han quedado bien a la vista— y que perfeccionar la formación, que ha de ser la fuente de nuestra prosperidad, del pleno empleo y de las expectativas de una juventud muy preocupada. Preocupación que sería mayor si quienes se incorporan a la vida laboral perdieran la certidumbre de llegar a jubilarse con una pensión digna y garantizada.
