La ley de Memoria Democrática eliminará los títulos nobiliarios que fueron concedidos por Franco, quien a partir de 1947 se consideró a sí mismo regente de facto de un reino sin rey, y estuvieran vinculados a la Guerra Civil. No se conoce aún si la medida alcanzará a los primeros títulos retrospectivos que concedió don Juan Carlos al llegar al Trono: a la viuda Carmen Polo, a su hija Carmen Franco, a Carlos Arias Navarro y a Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
Este acontecimiento obliga a realizar al menos una somera reflexión sobre la pervivencia de tales títulos, que forman la aristocracia: cerca de 3.000 títulos en poder de unas 2.200 personas, que se organizan en la Diputación Permanente de la Nobleza y en el Consejo de la Grandeza de España. Hasta 1984, los ‘grandes de España’ dispusieron de pasaporte diplomático. Desde entonces, no gozan de prerrogativa alguna, pero sus instituciones posen personalidad jurídica, están bajo el amparo del Ministerio de Justicia, y su utilización está sometida a una tarifa fiscal. Como se recordará, recientemente, la ley 33/2006 obligó a que el hombre y la mujer fueran equiparados en la sucesión de los títulos nobiliarios.
La existencia de tales títulos en una democracia igualitaria es cuando menos una anomalía, máxime si de alguna manera esta aristocracia se ubica a la sombra del Rey y comparte con él el carácter hereditario de su posición. El art. 25 de la Constitución de la II República Española abolió los títulos nobiliarios. Y el Rey actual, Felipe VI, que compagina sus obligaciones constitucionales con mínimas concesiones a la tradición, no ha otorgado título alguno en sus siete años de reinado. Podría tratarse de una abolición de facto, que sin duda sería interpretada como un magnífico rapto de sentido común.
