El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentada hace unos días por el Gobierno de la nación a la sociedad española antes de ser enviada a las Cortes Generales para su debate y aprobación, pretende ser el paso necesario para cerrar, de manera definitiva, la época más aciaga en la historia de España, es decir, la trama civil y militar del golpe de Estado de 1936 así como sus dos principales consecuencias: una guerra civil y cuarenta años de un régimen dictatorial que cercenó de raíz los derechos y libertades de los españoles. Lo que más ha sorprendido tras su presentación es que la derecha española haya salido en tromba a tachar esta ley de guerracivilista y de pretender cambiar la historia no solo antes de que se haya aprobado sino incluso sin haberla leído. A las pocas horas de conocerse esta nueva futura ley Pablo Casado advertía que en cuanto el PP regrese a la Moncloa la derogará y sustituirá por otra ley que ha bautizado como Ley de la Concordia, cuyo contenido, por lo que se ve, sólo conoce él. Teniendo en cuenta los conocimientos jurídicos que tiene Pablo Casado dado su historial académico tanto universitario como de posgrado aterra pensar que tendrá preparado este buen hombre.
Esta nueva ley viene a complementar y a mejorar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, (por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura) más conocida por Ley de Memoria Histórica y que supuso un primer paso en la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo, en la reparación del daño sufrido y en la rehabilitación de la verdad. Ley que dejó muchos flecos pendientes que ahora se tratan de solucionar. El catálogo de intervenciones es amplio y diverso. Se prevé la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones, la creación de un banco de ADN para identificar a las víctimas enterradas en cunetas y descampados, supresión de medallas y menciones que tengan que ver con el golpe de Estado de 1936, se declararán ilegítimos los tribunales creados durante la guerra civil, se anularán las condenas y se castigarán los actos públicos de homenaje al franquismo. El Gobierno pretende con esta ley «el reconocimiento a todas las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura» además de hacer realidad las medidas que Naciones Unidas, en materia de desapariciones y de protección de los derechos humanos y respecto a la dictadura franquista, ha solicitado a España en varias ocasiones y de manera expresa.
Pero lo que realmente llama la atención de este anteproyecto de ley ha sido la reacción de la derecha, al borde del histerismo. Siempre que se tratan temas como el intento de recuperar los cuerpos que permanecen sepultados en centenares de cunetas de media España, cambiar las calles que tienen nombres de destacados golpistas o represores o se afirma que la Guerra Civil española fue la consecuencia de un golpe de Estado, el Partido Popular, Vox y las decenas de radios, televisiones y periódicos de ideología conservadora y ultraconservadora que copan los medios de comunicación en España, inician una campaña de acoso al emisor de estas ideas, sea un particular o un Gobierno de izquierdas, plagada de insultos de todo tipo. Con ello se intenta acallar cualquier intento de recuperar la memoria de todos aquellos que lucharon por la libertad y la democracia. La derecha española, o mejor dicho, los familiares directos de los defensores del franquismo que pertenecieron a la máquina de destrucción de los vencidos que se puso en marcha al acabar la guerra y de los falangistas que rapaban el pelo al cero a presas republicanas después de violarlas, no quieren que se hable nada de lo que sus padres y abuelos hicieron. Esto es comprensible desde un punto de vista humano. Asumir que tu abuelo firmaba sentencias de muerte todos los días, que fue catedrático de universidad o jefe de servicio de alguna especialidad médica de cualquier hospital gracias a que los profesores o médicos que tenían mucha más capacidad y formación fueron asesinados o depurados no debe ser fácil de asumir.
Ver a Pablo Casado sonreír de manera beatífica mientras escuchaba a Ignacio Camuñas, ex ministro de un Gobierno de Adolfo Suárez, decir que en 1936 no hubo ningún golpe de Estado y que en cualquier caso la culpa fue de la República, es un claro ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar Casado con tal de arañar votos a la ultraderecha Vox. Si hace unas semanas Pablo Casado situaba en un mismo nivel de responsabilidad a la República y a los golpistas en cuanto al origen de la Guerra Civil española con la boutade aquella de que «La Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia», con su silencio cómplice ante la barbaridad dicha por Camuñas demuestra la deriva derechista en la que ha entrado de lleno el hasta ahora supuesto PP liberal y de centro.
