Los datos y conclusiones desvelados el jueves pasado por la Encuesta de Condiciones de Vida 2020 del INE obligan a detenerse en la situación que refleja sobre Balears y adoptar, en consecuencia, algunas conclusiones en prevención de males mayores. Se vuelve prioritario cortar de raíz un incremento del riesgo de pobreza real que en este archipiélago amenaza ya con afectar a una cuarta parte de sus habitantes.

Según la tasa AROPE, el índice europeo más relevante para medir las carencias materiales severas de la población, inmediatamente antes de la eclosión de la pandemia de la covid-19, el riesgo de exclusión social afectaba ya al 22% de los habitantes de Balears. En la evaluación precedente el porcentaje estaba fijado en el 15%, lo cual significa que estas islas son la comunidad española donde más se ha incrementado la posibilidad efectiva de carencias básicas entre sus residentes. Antes, tal riesgo afectaba a 80.000 personas, ahora ya son 260.000. Los números hablan por sí solos con absoluta claridad.

Para estructurar el panorama con mayor precisión hay que decir que el Instituto Nacional de Estadística ha detectado que el 36,6% de la población se las ve y se las desea para hacer frente a gastos imprevistos superiores a 750 euros, el 9% tiene problemas serios para cruzar el umbral de fin de mes y el 13,% no puede afrontar los gastos ordinarios de la vivienda habitual. También ocurre que el 31,7% de baleares no pueden permitirse una semana de vacaciones fuera de casa, eso por no hablar de las dificultades por comer carne o pescado cada dos días o el disponer de una buena climatización en casa o un coche para la movilidad en una isla también deficitaria en transporte público. Hemos quedado en la quinta posición de regiones españolas en cuanto a dificultades cotidianas en los hogares.

Dentro de esta situación de crisis que revelan las estadísticas oficiales más fiables hay que tener en cuenta todavía que la mala situación hubiera podido ser considerablemente peor. Las políticas de asistencia a la precariedad laboral como los ERTE, las prestaciones por desempleo y a las actividades económicas de empresas y autónomos han amortiguado la situación. Era necesario porque también es cierto que la precariedad ha hecho que algunas familias especialmente vulnerables se hayan visto forzadas a enlazar la crisis del 2008 con la sobrevenida por la pandemia de la covid-19.

Queda claro, por tanto, que hoy la economía de Balears, en cuanto a atender las necesidades elementales de sus residentes, no puede subsistir por sí sola. Ahora los fondos europeos le ayudarán a salir adelante, pero hay que hacer algo, bastante más. Entidades como Cáritas o Cruz Roja ya han alertado sobre un incremento de vulnerabilidad social, pero también de la mejora de la vida de los más desfavorecidos cuando reciben protección, como puede verse en nuestro tema de apertura de hoy.

La pobreza no se puede cronificar. Para evitar que así sea, conviene no fiarlo todo a los mercados y afilar herramientas hoy imprescindibles, como una mayor efectividad de los servicios sociales y una recaudación fiscal que en España sigue por debajo de la media de los países de su entorno. La riqueza de la población debe ser distribuida de manera eficientes, para ello, en estas islas, es necesario que la prestación básica vital se despliegue con menos trabas y que el salario mínimo atienda a opciones reales. Las necesidades de cada día y la dignidad de las personas no pueden ni deben esperar.