Baleares es una de las comunidades con las tasas más altas de delitos sexuales. Según el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España del Ministerio del Interior, en el año 2019 las islas concentraron 743 delitos denunciados convirtiéndose en la sexta comunidad con las cifras más elevadas. Teniendo en cuenta que se estima que tan solo el 8% de las mujeres agredidas denuncian, calculen ustedes: en Baleares más de 9.000 mujeres sufrirían cada año una agresión sexual. Aparte, concretamente el año pasado, por el confinamiento, vimos una disminución del número de agresiones pero, desgraciadamente, este verano estamos viendo un aumento drástico del número de éstas.

Ante estas cifras tendríamos que preguntarnos: ¿estamos normalizando esta situación? ¿Qué está fallando? ¿Tienen las instituciones, más allá del papel, un adecuado compromiso para mejorar este estado de cosas? Incluso, además de la prevención (el elemento principal) ¿estamos atendiendo adecuadamente a estas mujeres? ¿Qué pueden aportar la ciudadanía, los y las profesionales de los servicios públicos para mejorar esa atención? Muy probablemente los recursos están ahí: leyes (con enormes limitaciones la de Violencia de Género que reduce esa figura a las agresiones perpetradas por parejas o familiares), fuerzas del orden, servicios sanitarios y de Justicia. Pero ¿están optimizadas para luchar contra esta lacra? ¿Por qué la situación parece que lejos de mejorar, empeora? ¿Qué es lo que ocurre?

Para empezar, sería imperativa la formación en género de todos y todas las profesionales que se ocupan de atender a las mujeres víctimas de violencia machista: sistema sanitario, sistema judicial, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así lo establece respecto a la adecuada sensibilización y formación de los y las profesionales de la salud en materia de igualdad y violencia de género y la adecuada formación que debe darse a profesionales de la salud, jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses.

La Conselleria de Salud y Consumo, preocupada por este tema, inició hace más de un año la redacción del Protocol d’actuació sanintària davant la violencia sexual. Dentro de esta iniciativa, nos solicitó a un grupo de profesionales de la salud que expresáramos las deficiencias detectadas en la atención a las víctimas, y nos encomendó la redacción de la parte sanitaria de dicha atención. Desde el comienzo manifestamos nuestro compromiso sanitario y nuestra percepción de dos grandes deficiencias: la no comparecencia del forense si no había intención de denunciar, y la necesidad de que la víctima tuviera que ir a la comisaría a presentar la denuncia.

Una gran parte de casos de mujeres que acuden al servicio de urgencias tras haber sufrido una agresión sexual no son inspeccionadas por el médico forense si la mujer no decide en ese mismo momento interponer una denuncia. La decisión de que acuda o no el médico forense al hospital compete al juez de guardia. Y es perfectamente legal que no acuda. ¿Motivo? Incomprensiblemente la agresión sexual, al contrario que la violencia de género, no se investiga de oficio. Si no hay denuncia, no se investiga. Una bofetada de la pareja se investiga, al margen de la voluntad de la víctima. La agresión de la manada de Pamplona, en sentido estricto, si no hubiera denuncia, no se investigaría. No obstante, el no ser obligatorio que el juez remita al forense, ¿es igual a que no sea posible que lo pueda remitir? Hay comunidades autónomas que no lo entienden así, realizando la práctica de diligencias como prevé la ley, «a prevención». No deberíamos condenar a que esa mujer que en una situación de shock, cansancio, vergüenza, indefensión, con sentimientos de culpabilidad, miedo al agresor, o a ser cuestionadas piense no denunciar, y posteriormente, decida hacerlo, irreversiblemente no pueda hacerlo con elementos básicos como una exploración forense y muestras adecuadamente tomadas y custodiadas. 

Por otro lado, una de las causas por las que algunas mujeres deciden no denunciar, es que tras la espera en el hospital, el interrogatorio clínico y la exploración, la víctima tiene que acudir, con frecuencia a altas horas de la noche, a la comisaría de Policía para nueva espera y cuestionario, lo que supone una situación revictimizante. Con mucha frecuencia la víctima acude al hospital acompañada por las Fuerzas del Orden. ¿Qué impide que allí mismo, durante la espera, la Policía tome la declaración? Si nada lo impide. ¿Quién tiene que tomar esa medida?

Mejorar la atención a las víctimas. Ese es el objetivo de recursos como el Protocolo Autonómico de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales. Las profesionales de la salud a las que nuestra Conselleria encomendó la redacción de la parte sanitaria del Protocolo hemos concluido nuestro trabajo. Ahí está. El resto de elementos que a nuestro parecer pueden mejorar la atención no nos competen. La pelota está en otro tejado: Judicial, Fuerzas del Orden, organismos autonómicos... El objetivo será la defensa de los derechos de las mujeres, que con perspectiva de género podremos conseguirlo.