Qué lejos quedan aquellos tiempos en que el liderazgo industrial y, de forma muy destacada, todo lo que tenía que ver con el textil (telas, paños, vestidos, sábanas y complementos), distinguía al adelantado empresariado catalán, con gran distancia respecto al páramo fabril mesetario.
Pasados los años, resulta cuando menos curioso que, entre los ricos patrones a favor de la independencia, no sean capaces de reunir cinco millones de euros de donativos por la causa.
Tras los indultos, el nacionalismo radical pretende algo así como una exención total a medida. Lo que explica la tajante reclamación de la amnistía, que incluiría el pago con dinero público de una malversación de ese dinero «que no es de nadie» y constituiría un magno fraude con el erario público, por partida doble para los contribuyentes.
Esta artimaña de nuevo cuño –una malversación de libro para sufragar una malversación– diseñada como fondo de contingencia para afianzar la impunidad, no solo trata de impedir que los encausados respondan al perjuicio causado a las arcas públicas, con su propio patrimonio personal, sino que el Gobierno autonómico, al ejecutar de facto un doble fraude, da carta de naturaleza a una desviación de poder que lleva aparejada la prevaricación y la malversación.
El vehículo escogido: un Instituto público (que no tiene entre sus finalidades proporcionar garantías a personas, para afrontar eventuales responsabilidades derivadas de sanciones, administrativas o penales) al que le tocaría asumir el riesgo financiero de los inculpados.
Si alguno de ellos es finalmente sancionado y no paga, sería al Instituto a quien, con el dinero de los catalanes, indepes o no, le tocaría pagar. La ilegalidad, obvia y la prevaricación también.
La martingala no se queda ahí, ya que, al transformar la decisión en ley y llevar el asunto a convalidación parlamentaria, convierte a los parlamentarios en partícipes y la responsabilidad se diluye. La justificación invocada en el decreto ley: «necesaria y urgente necesidad de pagar las multas a los afectados», se basa en un inexistente interés general y vulnera un derecho fundamental reconocido en el artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley».
El uso de la utilidad pública, como criterio, implicaría que, si lo solicitaran otros delincuentes (no independentistas, con delitos menos graves, arrepentidos de lo que hicieron) ¿el Gobierno no tendría otra opción que respetar el precepto constitucional?
Si no fuese así, se haría realidad la célebre profecía del escritor y filósofo catalán, Francesc Pujols: «Los catalanes, vayan donde vayan, tendrán todos sus gastos pagados y se les ofrecerá el hotel, el más preciado regalo que se le pueda hacer a un catalán cuando viaja», uno de los primeros defensores del entonces controvertido Gaudí y guía espiritual de Dalí.
Esto no iba de utilidad pública. De nuevo, ha ido flechado a una larga utilidad privada. La trompetería de los valores (magnanimidad, concordia, reencuentro), en aras de la convivencia, no ha contado con la contrapartida de los beneficiarios de las medidas de gracia.
El nacionalismo identitario ni siquiera ha reconocido la voluntad de los Gobiernos con sus incesantes cesiones, recibidas como conquistas. El filósofo vallisoletano Julián Marías ya advirtió en su día: «No intentes contentar a quien no se quiere contentar».
¿Es la debilidad de un Gobierno necesitado de escaños, la que provoca esa «ostentación y exhibicionismo desafiante», que no ha remitido ni en el periplo triunfal de los políticamente inhabilitados que, de facto, siguen mandando?
Los políticos indepes se deben a sus votantes, que premian la dureza de que hacen gala con el Estado. Desde el momento en que la concesión de los indultos ha sido una victoria de los partidos nacionalistas que sustentan al Gobierno en el Congreso, no tienen por qué afligirse ni rendirse al diálogo ni las buenas maneras.
La primera estación, las generosas medidas de gracia, ha transcurrido de forma rápida y controvertida, con aroma de fragilidad por la división de opiniones a favor y en contra. Todo un stress test para medir la consistencia del Estado en la defensa de la legalidad.
El hecho de que la gracia no haya sido solicitada por los presos ha hecho que fuera el Gobierno el que, motu proprio, decidiese hacer caso omiso a los informes admonitorios del Supremo y la Fiscalía, como un episodio más de la fisura institucional en la que perseveramos.
A renglón seguido, la acometida al prestigio del Tribunal de Cuentas (TdC). Por mucho que el presidente del Gobierno considere “un anacronismo” que los hechos sean juzgados «por una exministra de Aznar», el TdC no puede condescender con la creación de un fondo con dinero público, para avalar la responsabilidad patrimonial de quienes han hecho uso indebido de caudales públicos, porque estaría incurriendo en fraude de ley si llegase a desembolsar la posible multa.
Queda pendiente la eventual entrada de oficio de la Fiscalía en este juego malabárico, consistente en no aceptar las leyes y la normalidad jurídica. Si el Ministerio Público no inicia diligencias ante este fraude de ley, haría dejación de funciones y la legalidad quedaría fuera de juego. Los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos y nadie está exento de responder por sus actos.
La malversación es un atropello contra la ciudadanía que paga impuestos. La debilidad ante quien delinque es complicidad con él, al tiempo que injusticia para todos. El aval mana de los contribuyentes para garantizar la malversación de fondos y la prevaricación de la clase política.
Uno de los encausados repetía: «Me quieren embargar la casa de mis hijos», sin añadir, a continuación, que no perderá su casa y la de sus hijos si devuelve –de su bolsillo– el dinero malversado, para dedicarlo a actividades ilícitas, por las que fue condenado.
¿En qué país se ha visto que un guardia de tráfico denuncie a un conductor por cometer una infracción muy grave y el guardia, al final, tenga que pedir perdón y encima pagar la multa?
Dicen los italianos: «Il lupo perde il pelo ma non il vizio».
