Cuando todavía no nos habíamos recuperado del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechazando la querella de la Fiscalía contra la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, por la supuesta falsificación de un visado del Colegio de aparejadores al considerar que el documento fraudulento era tan «burdo» que podía ser fácilmente detectable, nuevamente otros tribunales madrileños han vuelto a generar una considerable polémica al avalar una controvertida valla publicitaria que el partido ultraderechista colocó en el metro durante las pasadas elecciones regionales contra los MENA (Menores Extranjeros no Acompañados). Parece como si Madrid fuera territorio de impunidad para las provocaciones y fechorías cometidas por los dirigentes de Vox, a juzgar por el contenido de las inquietantes sentencias que se vienen sucediendo allí. Bien es cierto que no son las primeras que han sembrado el desconcierto en amplios sectores sociales al avalar actuaciones racistas y xenófobas contrarias a la convivencia, apelando a la libertad de expresión, la misma que impide, por el contrario, meter en la cárcel a raperos y titiriteros, aplicando contra ellos las leyes con la máxima dureza.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid rechazando el recurso que puso la Fiscalía en el que solicitaba, simplemente y a toro pasado, la retirada de una valla publicitaria que se quitó hace semanas, apelando a la existencia de un supuesto delito de odio contra menores extranjeros, junto a las lamentables consideraciones que los jueces hacen en su auto, tan inadecuadas como fuera de lugar, han causado tanta perplejidad como rechazo entre juristas y sectores muy diversos. Y no es para menos.
De manera llamativa se ha demostrado que las imágenes del cartel de Vox fueron robadas de bancos de imágenes que no permite usarlas para difundir mensajes racistas, que la figura del supuesto menor extranjero estaba tratada digitalmente para mostrarlo como representación violenta, peligrosa y agresiva del colectivo de MENA frente a una indefensa abuelita que era objeto de intimidación, con datos y cifras falsas y manipuladas que hasta el propio tribunal ha reconocido que no son ciertas, con la intención deliberada de generar odio y rencor hacia estos menores. Sin embargo, toda esta colección de disparates y ofensas con la finalidad clara de alimentar el odio contra este colectivo de menores extranjeros no ha impedido que los jueces madrileños vean esta campaña como correcta y merecedora de protección jurídica. Apañados vamos si esta es la sociedad que defienden estos jueces.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior demuestran que, en los últimos seis años, las agresiones de odio han crecido un 45% en coincidencia milimétrica con el aumento de discursos y actuaciones racistas, homófobas y xenófobas contra colectivos vulnerables, protagonizadas por la extrema derecha, lo que debería llevar a jueces y tribunales a ser especialmente activos en la protección de estos colectivos que están siendo objeto de ataques continuados y sistemáticos a muchos niveles y de diferentes formas, a veces con resultados fatídicos. Por si fuera poco, la extrema derecha capitaneada por Vox viene situando a inmigrantes, menores extranjeros y colectivos LGTBI en el centro de sus ataques sistemáticos, de la misma forma que los nazis señalaban públicamente a determinadas minorías para alimentar el odio colectivo y justificar posteriormente todo tipo de barbaridades.
No estamos haciendo valoraciones abstractas o disparatadas, ni mucho menos. Recordemos cómo Vox ha organizado concentraciones de protesta delante de centros de acogida de niños inmigrantes para acusarlos de criminales, siendo después estas mismas instalaciones atacadas incluso con granadas. Ha ocurrido en Madrid, en Fuerteventura y en Badalona. Tenemos un problema cuando, de manera impune y con el respaldo de los jueces, el odio, el racismo descarnado y la xenofobia más despreciable se extienden sin barreras en una sociedad que ampliamente ha apostado por la convivencia, dando sobradas muestras de ello. Pero este problema resulta particularmente grave cuando todo ello se dirige hacia la infancia y la adolescencia que, por su situación de particular vulnerabilidad, son sujetos de especial protección, con arreglo a las leyes y tratados internacionales suscritos por España.
De esta forma, cuando unos jueces afirman tan panchos en una sentencia, como han hecho en Madrid, que los MENA son «un evidente problema social y político», además de trasladar argumentos y valoraciones inadecuadas para las que carecen de conocimientos y formación especializada, escapando además de su función jurisdiccional, alimentan la deshumanización y la criminalización a la que en estos momentos están sometidos estos menores, como colectivo y por su condición de extranjeros. Naturalmente que hay un evidente problema social y político cuando estos jueces ignoran la «Convención Internacional de los derechos del niño y de la niña», en vigor desde 1990, que obliga a sus firmantes, entre ellos España, a garantizar la protección de todos los menores contra toda forma de discriminación o rechazo, como la que se da en las campañas promovidas por Vox.
Pero la extrema derecha ya ha conseguido lo que quería, que sus mensajes de odio y deshumanización hacia estos menores circulen como los virus y que, además, lo haga con el respaldo de unos jueces que, con sus dañinas opiniones, se han convertido en un evidente problema social y político al no proteger valores esenciales para nuestra convivencia.
