El fenómeno de las redes sociales ha representado mucho más en el desarrollo de la globalización que lo que se observa a primera vista. Además de haber cambiado obviamente el sistema de las relaciones interpersonales, ha supuesto una mudanza intensa de la gobernanza en todos sus escalones y niveles. Si la opinión pública siempre fue, en democracia, un factor influyente en la toma de decisiones, el papel de las redes ha intensificado este fenómeno, tanto por la oportunidad de ejercer presión que encuentra en ellas la ciudadanía cuanto por el peso que las redes tienen en la formación y evolución de dicha opinión pública, que termina pronunciándose periódicamente en las urnas.
El mundo avanza por sí solo, impulsado por la genialidad del ser humano, y nunca tiene sentido limitar el progreso con el argumento de ordenar la evolución de las cosas. Pero sí es razonable reclamar un cierto método regulador en la espontaneidad, es decir, la presencia del Estado en los mercados. No con una pretensión limitante ni utopista sino para impedir monopolios, para garantizar la igualdad de oportunidades, para salvar a los rezagados, para introducir reglas en la jungla, para ejercer, en suma, las funciones que atañen al Estado moderno, la coordinación, la supervisión y el control con fines de equidad.
En relación a las redes sociales, estamos asistiendo a un fenómeno insólito al que no se ha prestado suficiente atención, y es el papel activo de iniciativas privadas en la organización social. Un ejemplo muy actual aclarará lo que quiero decir: el expresidente estadounidense Donald Trump anunció esta semana que interpondrá una demanda contra las Big Tech Facebook, Google, YouTube y Twitter y sus consejeros delegados para hacerles «rendir cuentas» por el veto al que lo tienen sometido, lo que considera un ataque a su «libertad de expresión». En una explosiva rueda de prensa, Trump dijo que pretende probar la ilegalidad del veto pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución para que las «Big Tech» dejen de «silenciar», «poner en listas negras» y «cancelar» a los estadounidenses.
Lo grave no es en este asunto la censura que sufre objetivamente el ciudadano Trump, que ha pedido apoyo hasta a sus adversarios políticos, sino el hecho de que las Big Tech han tomado por su cuenta esta medida drástica con un argumento muy sólido pero no corroborado por los jueces: la participación del mandatario en el asalto violento de una turba de sus seguidores al Congreso de EEUU el 6 de enero, con la intención de subvertir el funcionamiento de la sede de la soberanía norteamericana. Paradójicamente, Trump, inductor de algo muy parecido a un golpe de Estado, no ha sido perseguido por la justicia americana y hoy no está encausado por aquel suceso gravísimo. La única represalia que padece el multimillonario es la proveniente de las redes sociales, que le incapacitan para intervenir en política en plenitud. En otras palabras, las Big Tech se han convertido, arbitrariamente y de forma descontrolada, en la conciencia crítica de la sociedad americana, que sanciona a los golpistas y protege a la gente según su legal saber y entender (se supone).
Muchos pensarán que es muy saludable que empresas surgidas de la sociedad civil arbitren de este modo la política en USA, pero es justo reconocer que este procedimiento está cargado de peligros. Si las redes sociales son plataformas que pueden encumbrar o hundir a cualquier político, pero también dar cabida a sucias operaciones de agresión, chantaje, etc., parecería lógico que se sujetaran a unas normas de funcionamiento controladas públicamente. Como sucede, por ejemplo, con los medios de comunicación en Europa y con el sistema financiero en todas partes. El Estado debe proteger al consumidor, al inversor, al empresario, de maquinaciones delictivas; de la misma manera, deberían existir en las redes unas reglas semejantes a las que regulan la convivencia civil.
El asunto no es simple ni directo. Plantea problemas éticos y políticos perseguir a actores —partidos, por ejemplo— que predican el odio y la violencia en cualquier plataforma; pero deben ser las instituciones las que se activen. La Unión Europea persigue a Orban por su homofobia. ¿Por qué aquí no se plantea una persecución pública a quienes han traído el odio, el racismo y la intransigencia a la política y a las calles?
