El Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME hemos logrado cerrar un importante acuerdo en materia de seguridad social y pensiones. Un pacto que deroga la reforma del año 2013, impulsada y aprobada de forma unilateral por el PP. El acuerdo establece sustanciales modificaciones con respecto a la actual normativa. Las pensiones se revalorizarán con el IPC medio registrado en el año, medida que permitirá garantizar su poder adquisitivo. Se ha logrado, finalmente, la derogación del factor de sostenibilidad, una de las cuestiones claves para las organizaciones sindicales: era necesario suprimirlo porque condicionaba la suficiencia de las pensiones, al proyectar de forma directa, automática y exclusiva la evolución de la esperanza de vida sobre su cuantía inicial, lo que afectaba de forma creciente y acumulativa a las generaciones de trabajadores más jóvenes ya que verían reducida sus pensiones de forma muy relevante.
Un tercer elemento clave del acuerdo es garantizar el equilibrio financiero del sistema, avalando al mismo tiempo la suficiencia de las pensiones. Los principales retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el sistema público de la Seguridad Social tienen su origen en la evolución demográfica: la jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1977), una cohorte de población singularmente amplia tendrá como resultado una cifra de pensionistas de 16 millones en el año 2050 (actualmente el número asciende a 10 millones). No cabe duda de que ello supondrá un gasto creciente que se calcula en torno al 14% o el 15% del PIB, cuya curva de gasto empezará a estabilizarse tendiendo a la reducción paulatina a partir de esa fecha. En este punto surgen opiniones de analistas y diversas entidades financieras que cuestionan la cobertura de los sistemas públicos de pensiones y su inviabilidad financiera, basando su argumentación en el envejecimiento de la población y en la reducción de la fuerza de trabajo. Como alternativa, defienden la provisión de pensiones a través de los sistemas privados aduciendo, contra todas las evidencias, que proporcionan una mayor rentabilidad pública y privada, un menor riesgo para los pensionistas y un menor gasto público. A nadie se le escapa que, tras esta argumentación, está el interés del capital financiero por absorber las ingentes cantidades que los fondos de pensiones suponen y obtener con ellos sustanciales beneficios y una mayor cuota de poder. Los estímulos actuales (y pretéritos) hacia la privatización no aportan una solución, sino que exacerban todavía más los problemas reales del bienestar en una sociedad democrática.
Pero frente a estas posturas, el reto financiero es perfectamente asumible y muy similar al que tendrán gran parte de los países europeos que se enfrentan a proyecciones demográficas análogas. Son varios los factores que pueden contribuir de forma significativa a la sostenibilidad del sistema. El modelo es sostenible en la medida que el empleo crezca; y cuanto más y mejor lo haga, mayor y mejor será la relación afiliados / pensionistas. Y será aún más sostenible en la medida en que los salarios sobre los que se calculan las cotizaciones sociales sean lo más altos posibles, de forma que el volumen de dichas cuotas pueda cubrir mejor la dimensión total de las pensiones a pagar. Por tanto, uno de los primeros frentes para afrontar la sostenibilidad es atajar los problemas estructurales del mercado laboral.
Y en esta línea de mejorar y afianzar los ingresos del sistema de la Seguridad Social, el acuerdo alcanzado contempla dos medidas de calado: por una parte, el compromiso del Estado como garante del sistema mediante la realización de las correspondientes transferencias anuales a través de los Presupuestos Generales del Estado del entorno del 2% del PIB. Se garantiza de este modo la mitad del incremento de financiación adicional previsto que se necesitará para el año 2050. De hecho, en los presupuestos del 2021 ya se incluye una partida por importe de 13.929 millones de euros, transferencia que permitirá financiar una serie de prestaciones y actuaciones (por ejemplo, reducciones en las cotizaciones, pensiones en favor de familiares) que aún se financiaban con cotizaciones sociales.
Este papel del Estado como garante público del sistema se debe acompañar necesariamente en un futuro próximo de una reforma fiscal, intensa, progresiva y suficiente, propuesta ante la cual el Gobierno se ha comprometido a desarrollar frente la Unión Europea.
La segunda medida es la cotización por ingresos reales para autónomos que tendrá además consecuencias sobre la calidad de las prestaciones que reciben. Una medida que se pondrá en marcha a partir del 2023 y se desplegará en un período transitorio de nueve años.
No me extenderé sobre otras decisiones incluidas en el acuerdo, como las jubilaciones anticipadas sean de carácter voluntario o involuntario, la jubilación anticipada por trabajos penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos, los nuevos derechos tanto de las parejas de hecho a la hora de solicitar pensión de viudedad, como la cotización de becarios, actuaciones que, en algunos casos, se establece un calendario para su desarrollo reglamentario. No faltan tampoco las críticas por haber dejando en una segunda fase de negociación, a lo largo de esta legislatura, otros temas importantes; una demora no deseada por CCOO, pero es una muestra de inteligencia negociadora acordar aspectos esenciales y de efecto inmediato en la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones y pactar próximas mesas de negociación. No menospreciemos el valor de este relevante acuerdo en materia de pensiones fruto del diálogo social.
