La libertad de expresión, derecho en preocupante retroceso en España, debería ser siempre salvaguardado por la Judicatura. No ocurre cuando se trata de ampararla a quienes la ejercen desde posiciones progresistas, entonces son los jueces quienes se encargan de coartarla: titiriteros enviados preventivamente a la cárcel; condenas por presuntas simpatías con el terrorismo (chiste sobre Carrero Blanco, presidente del Gobierno en la dictadura franquista, asesinado por ETA); odio hacia los sentimientos religiosos (precesión del coño insumiso) donde una tal Asociación de Abogados Cristianos, artefacto de la extrema derecha, se dedica a querellarse contra todo lo que se mueve al margen de su órbita con el casi siempre beneplácito judicial. La lista es extensa. Amplia. Cuando es la extrema derecha política y clerical la que es puesta en berlina, ay, entonces los jueces prestos se afanan en esgrimir la libertad de expresión para archivar denuncias que no deberían presentase. La libertad de expresión ha de hallar siempre amparo: Vox, alguno de sus sedicentes historiadores, niegan el Holocausto. Pueden hacerlo. Nauseabunda posición que ha de ser endosada. La palabra no delinque. Defenderlo hoy no es fácil. La ola autoritaria propiciada por la pandemia se extiende en Europa. Solo Estados Unidos, blindada en su Constitución, en la primera enmienda, resiste incólume. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid estableciendo que el cartel de Vox sobre los denominados Menas (menores no acompañados) estableciendo repugnante dicotomía entre lo que cuesta su acogida y las reducidas pensiones de determinados sectores sociales ha de hallar amparo es inatacable. Sería bueno que la palabra lo fuera en cualquier caso.
Lo que sigue es chirriante en grado sumo: hasta dónde llega el activismo político reaccionario de jueces que se permiten escribir en su auto que es «evidente» que los Menas constituyen un «problema social y político», añadiendo, para que no quepa atisbo de duda sobre su credo ideológico, que no puede prohibirse mientras «otras expresiones» más «criticables de signo contrario» obtienen vía libre. Hasta cuándo es soportable la politización de la Judicatura. Si jueces de la Audiencia Provincial de Madrid se permiten semejantes exabruptos podemos colegir que se debe a que desde la cúpula judicial se les otorga barra libre. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, magistrado que ha hecho su carrera vinculado al PP, con el que ha ejercido cargos políticos, lleva más de dos años en situación de caducidad. No se le renueva porque el PP de Pablo Casado mantiene un bloqueo que le favorece. La derecha española se parapeta en la Judicatura para salvaguardar posiciones. Su impotencia política le lleva a vulnerar la Constitución. De ahí que veamos actuaciones como la de la Audiencia Provincial de Madrid. El descrédito judicial avanza. Veremos qué dirá Europa cuando se diluciden los recursos de los independentistas catalanes. En el Tribunal Supremo, en la sala del sinuoso Manuel Marchena, se tientan la ropa ante lo que presumen llamativo, escandaloso, zarandeo.
Vox dirá de los Menas lo que le plazca. Valtònyc (tan descerebrado como sus antagonistas) también. Recordemos que el pájaro azulado de cuidado que es el líder del partido en Mallorca, Jorge Campos, lo denunció; el Tribunal Supremo ratificó sentencia y el político aladeó de que lo pasaportaba con destino a la cárcel. Está en Bruselas. En Europa se decidirá sobre el asunto. ¿Hablamos de constante represión judicial de libertades fundamentales? ¿Lo es la de expresión?
Acotación luctuosa.- Había una mujer dentro del armario. Con ella soplaron aires de libertad. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, que lo importante es hacerlo con quien te plazca. Incomodó a la carcancia. Incluido el Vaticano. Ciao, Raffaella Carrà. Que la tierra te sea leve.
