Diversas circunstancias han hecho que un problema acuciante en épocas recientes sea la falta de vivienda a unos alquileres asequibles fundamentalmente para la gente joven. Es cierto que existe una opinión mayoritaria entre los expertos en contra del control de alquileres. Son diferentes los argumentos esgrimidos para criticar la efectividad de la medida al menos a medio y largo plazo salvo situaciones poco frecuentes como es el caso de monopolios de propietarios que alquilan. Como es bien sabido, en España existió una larga tradición de control de alquileres instaurada por el franquismo y en gran medida revocada por el ministro Boyer a mitades de los ochentas. La opinión mayoritaria entre los expertos es que esta medida acaba reduciendo la oferta, incentivando la venta de lo que se alquila y provocando la falta de mantenimiento de las viviendas.

A pesar de estas limitaciones hay que reconocer que el problema grave de la falta de vivienda a unos alquileres asequibles no tiene fácil arreglo. En términos generales, la solución se situaría en el aumento de la oferta en un contexto de cooperación público-privada para evitar posibles desvíos como podría ser el fomento de las ventas frente al alquiler. Sería poco recomendable desde un punto de vista urbanístico y medioambiental que para alcanzar este objetivo recurrir a solamente a la expansión de suelo edificable. Hay que facilitar e incentivar otros mecanismos para posibilitar cambios de uso que a la vez conduzcan a reducciones del precio del suelo.

Nos estamos refiriendo a la conversión de locales comerciales en viviendas, dándole también de esta forma la posibilidad a dar una salida a los excedentes de locales por la revolución del comercio digital. Ciertamente, aquí existe un remedio adicional a esta cuestión a través de lo que en parte está haciendo ya el mercado pero no en su totalidad, al trasladar oficinas y despachos de todo tipo en pisos a antiguos locales comerciales, proporcionando, además, un aumento de la oferta de viviendas

Otra de las posibles respuestas que cabe proponer incorpora potencialmente un doble beneficio al permitir, por un lado, el acceso a un mayor stock de viviendas, promoviendo, por otro lado, la reducción de la oferta turística, especialmente la de menor calidad. En el caso de este segundo beneficio, se incide en un elemento más de los tan ansiados cambios en el modelo turístico, ya que comportaría, en principio, una sensible mejora en el promedio de la oferta. En este sentido, se cumplirían dos objetivos del sector: menos plazas y de más calidad. Para ello no hay que descartar las posibilidades que ofrecía el artículo 78 de la Ley General Turística de Baleares de Julio de 2012 que fue derogado por los avatares políticos y que trataba en general de los cambios de uso de los establecimientos turísticos por diferente casuística.

Sin tener necesariamente que mimetizar lo regulado en dicha Ley sobre este tema, habría que retomar sus objetivos para, entre otras cosas, incrementar el stock de viviendas en zonas necesitadas de planes de rehabilitación integral. Existen razones de obsolescencia económica, calidad de los establecimientos, cuestiones particulares de localización y otras que hacen posible la oportunidad e idoneidad del cambio de uso. Es evidente que para que se produzca el beneficio turístico vinculado a un crecimiento de la oferta de vivienda habrá que generar un sistema de incentivos y una regulación bien diseñada para que ambos objetivos se cumplan y no queden distorsionados.

Ni que decir tiene que al tratarse de un tema tan complejo como el de la vivienda en el que en estos casos juegan los cambios de uso, una tarea decidida y ágil de la Administración resulta indeclinable. Ante un problema cuyo tratamiento es tan complejo siempre habrá la tentación de ir a lo fácil: el control de alquileres. Lo fácil, sí, pero lo menos recomendable.