El confinamiento impuesto por el Govern, en el hotel Bellver de Palma, a los jóvenes integrantes de grupos de estudiantes en viajes de estudios, entre los cuales había positivos por covid-19, ha levantado una auténtica polvareda, con amplia repercusión en toda España. Se ha provocado una crisis y un enfrentamiento de intereses cuyas consecuencias últimas siguen pendientes de terminar, entre otras cosas porque el número de contagios sigue al alza todavía, a medida que los afectados regresan a sus lugares de origen.

Al final, la cuarentena ha sido levantada antes de lo provisto por decisión judicial, pero ha dejado un rastro de incivismo, protestas de los jóvenes y parte de sus padres, incluida alguna denuncia, que en su conjunto distorsionan la realidad de lo ocurrido en una crisis que ha salpicado por igual al Ejecutivo autonómico, a la Administración de Justicia y deja un mal sabor de boca en el conjunto de la sociedad balear.

Damos por sentado que no todos los adolescentes sujetos a cuarentena en la privilegiada ubicación del hotel Bellver de Palma y que, no lo olvidemos, ha sido pagada por el contribuyente balear, han tenido un comportamiento incívico, pero los insultos vertidos desde sus balcones, los intentos de amotinamiento y las imágenes de basuras en su interior, dicen poco en favor de los valores de convivencia, responsabilidad y sentido común que ya debían estar inculcados en los confinados. De ahí, la decepción de algunos de sus tutores y responsables docentes.

Visto lo ocurrido, y sobre todo sus consecuencias, cabe preguntarse si en las condiciones actuales era aconsejable la autorización de unos viajes de estudios que han acabado perjudicando la salud colectiva y, en el caso concreto de Balears, han lesionado la imagen de destino turístico seguro, ganada a pulso por el buen control de la pandemia en los últimos meses.

A pesar de que el Govern ha puesto los medios y unas instalaciones de primer nivel para que los contagios generados en la plaza de toros de Palma y algunos macrobotellones playeros pudieran ser controlados, la jueza ha acabado desautorizando el confinamiento bajo el argumento principal de que el contacto estrecho entre contagiados y el resto de estudiantes no había sido acreditado de forma suficiente. El auto en contra de la decisión administrativa ha provocado una crisis mal disimulada entre Govern y Judicatura que, si nunca es aconsejable, menos lo es en estos tiempos difíciles de crisis sanitaria y económica.

El Ejecutivo autonómico estaba prevenido. Le ha vuelto a ocurrir igual que con la prórroga del toque de queda, pero también hay que puntualizar que esta vez se le ha exigido algo de acreditación muy compleja y con el tiempo en contra. La restricción de derechos fundamentales exige máximo rigor, aunque da la sensación de que en esta ocasión se ha colado por las rendijas de la crisis un exceso de celo en la aplicación del estado de Derecho. Las decisiones judiciales también se producen en un entorno determinado que no puede obviar la aplicación de la ley. Y sí, seguimos en pandemia. Tras el esperpento vivido estos días, nos adentramos en una senda de contagios al alza que puede dar al traste con la incipiente recuperación económica.