Que no, que sus niños no están «secuestrados». Están ‘disfrutando’ de una estancia, forzosa pero costeada a escote por los contribuyentes baleares, en un hotel de cuatro estrellas y si se les ‘tortura’ con algo, es con la comida de hospital, pero no más que a cualquier paciente de la sanidad pública. El Govern balear ha hecho única, y tardíamente, lo que debía. Aislar a los positivos de covid y los sospechosos, porque es muy feo eso de que Mallorca ‘exporte’ contagios a la península y más después de que el macrobrote de los pipiolos haya dejado ya a miles de personas en cuarentena por todo el país. Con los residentes como «daños colaterales». Porque somos nosotros quienes pagamos, literal y metafóricamente, la penitencia por la «alegría desenfrenada por beber» de sus retoños con la prolongación de las restricciones y el canguelo por si los mercados turísticos toman nota y nos vuelve a repuntar el paro. Los padres tienen motivos para denunciar, claro que sí, pero no el confinamiento, sino a las empresas que garantizaron la seguridad del viaje y ofrecieron diversiones masivas, con alcohol y sin controles. A las autoridades, que más que impedir sus macrobotellones los aislaron para evitar que ‘infectaran’ la isla. Y también a los muchos que hoy linchan a unos adolescentes que esencialmente se han comportado como tales ante la dejación de funciones de quienes, fuera de casa, tenían la obligación de cuidarlos, incluso si era de sí mismos.