Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los nueve decretos reales que libran de la cárcel a los líderes independentistas catalanes condenados, tanto partidarios como detractores de los indultos deberían coincidir al menos en una cosa: se ha dejado atrás la época de las especulaciones y entramos en la de los hechos. Dicho hasta la saciedad que el perdón es la vía que conduce a la vuelta al diálogo en un conflicto encallado hasta convertirse en la mayor crisis política e institucional desde que se recuperó el Estado de derecho con la Constitución de 1978, de lo que se trata ahora es de comprobar si esa especulación se convierte en hecho. Pero, ¿es así? Los dos primeros pasos están ya dados: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de conceder los indultos y al día siguiente ha publicado en el diario de mayor difusión en toda España un artículo en el que dice textualmente que el Gobierno quiere cuanto antes retomar el diálogo y mantenerlo hasta que se alcancen acuerdos.
El verdadero problema que no se escapa a nadie es si semejante cosa es posible o si, por decirlo con otras palabras, hay alguna posibilidad, siquiera remota, de que independentistas y constitucionalistas coincidan en un acuerdo capaz de redefinir las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado. Nada más concederse los indultos ha surgido la declaración de que los presos salen de la cárcel con la voluntad reforzada de construir una república catalana. Quien la ha hecho es nada menos que Pere Aragonés, un presidente de la Generalitat que, por primera vez, no pertenece al grupo de Puigdemont sino al de Junqueras, Esquerra Democràtica de Catalunya, es decir al partido en el que el Gobierno confía para poder lograr cualquier acuerdo.
Así que volvemos a las especulaciones porque Aragonès ha dejado muy claro que sólo un referéndum pactado puede culminar el diálogo mientras que Sánchez ha insistido hasta ahora en que eso es imposible con la Constitución actual. Así que si el presidente del Gobierno asegura que tiene propuestas que hacer, éstas deberán centrarse en los cambios constitucionales necesarios para dar vía libre a un acuerdo. Supongamos que se alcanza la mayoría parlamentaria imprescindible para hacerlos; ¿hacia dónde iría esa Constitución de nuevo cuño? Desde el PSOE se vuelve al mantra de la España federal en la que los soberanistas quizá encontrasen satisfacción suficiente.
Pero lo que parece olvidarse es que un país federal tiene que partir de cero, sin privilegios previos asumidos. Que es lo mismo que borrar de golpe los cupos fiscales vascos y navarros. ¿Aceptaría el PNV, por poner un único ejemplo, algo así? Insisto: tras los indultos, la especulación no sólo continúa sino que alcanza un nivel aún superior.
