Si nos fijamos en la opinión pública, reflejada en los múltiples medios de información/opinión y en los variados sondeos y encuestas, un porcentaje relevante de los ciudadanos/as considera a la denominada «clase política» (conjunto de ciudadanos/as dedicados a la gestión política) como uno de los principales problemas por su ineficacia en gestionar la res publica de un modo justo. Con excesiva frecuencia debo permanecer mudo ante múltiples ejemplos, sin renunciar por ello a la Otra Política (con mayúsculas).
Para muestra un botón. El Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, se ha convertido en un precioso salón donde los diputados aprovechan los Plenos para insultar, descalificar, mentir, suma y sigue. Mientras el PPM sigue bloqueando la renovación del Poder Judicial y abandona el pacto antitransfuguismo. Quedando pendiente, entre otras asignaturas, la reforma de las pensiones y de las normas que rigen el mercado de trabajo (Reforma Laboral) tal como nos ha recordado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su comparecencia conjunta con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España. Y también estamos a la espera de que se pongan de acuerdo los dos socios del Gobierno de Coalición, siguen sin debatirse en el Congreso de Diputados asuntos que afectan directamente a la ciudadanía: la actualización del salario mínimo interprofesional, el control de precios abusivos e insostenible de la Energía Eléctrica, la fijación (o no) de los precios de alquiler.
Se puede estar de acuerdo o no con la iniciativa del Gobierno de indultar a los presos independentistas, pero hay que saber que el Gobierno tiene el derecho, la posibilidad, la potestad constitucional de hacerlo. Y el Rey no puede decir que no (artículo 6.2 de la Constitución). El presidente de la CEOE y los empresarios catalanes: «bienvenidos sean los indultos si al final acaba en que las cosas se normalicen». La derecha, sin tener mayoría en el Congreso, se opone radicalmente. Y como muestra la Presidenta de Madrid que considera que «el indulto es inmoral e ilegal» y «deja caer sus dudas, implicando al Rey»; mientras Casado ni afirma ni niega las palabras de I. Ayuso.
Llegado a este punto, es probable que algún lector me recrimine que sólo denuncio a la oposición, y más concretamente a los populares. Es cierto. Pero también lo es, que su tarea de oposición (fundamental en una democracia) se concentra en seguir los viejos manuales que aconsejan mostrarse seguros, no dejar pasar ninguna oportunidad de denigrar al adversario, y cooperar solo cuando sea imposible competir, sin reconocer errores ni pedir nunca disculpas, y (casi) nunca ofrecer una alternativa a la iniciativa gubernamental.
Habrá que ver cúal será la reacción de la oposición (PP, Cs, Vox) ante los 10 sobresalientes y un notable de Bruselas al plan español para los primeros 69.500 millones de los Fondos Europeos. PP y Cs en los últimos 12 meses han insistido en los ámbitos de la UE en que los fondos europeos corrían peligro por el mal diseño y la mala gestión del Gobierno.
En nuestra Comunidad, Balears, el clímax político no está tan polarizado. El ambiente parlamentario está menos tenso y más normalizado. La oposición es más diversa y plural, aunque el slogan de fondo es coincidente con matices: «la incompetencia del Govern, presidido y liderado por Francina Armengol». Habrá que esperar si el cambio de liderazgo y de portavoz parlamentario de los populares, sin dejar de hacer oposición, proponen algunas alternativas concretas. Sin duda se han cometido errores en la gestión sanitaria y económica de la pandemia, pero el resultado percibido por la mayoría de la ciudadanía no es negativo. La incidencia (contagios por cien mil ciudadanos) de la pandemia es de las menos negativa de España. La vacunación sigue a buen ritmo, si se cumple el requisito de garantizar el suministro. La recuperación de la Actividad Turística no será fácil, pendiente en parte del «bloqueo británico». Es relevante y positivo la existencia de la Mesa formada por Govern, Patronales y Sindicatos, donde se analizan y debaten propuestas operativas en la realidad socioeconómica». Sin olvidar el acceso de nuestra Comunidad a los fondos de la UE mediante diseño y presentación de proyectos estratégicos al Next Generation que nos posibilite una economía sostenida y sostenible más allá del todavía vigente modelo productivo.
Pero llegado a este punto, en búsqueda de otros planteamientos políticos radicalmente distintos, la otra Política, acudo a Antón Costa, Catedrático de Economía de UB y Presidente del CES de España. «En Europa se logró en las décadas posteriores a la Segunda Guerra un convenio político, económico y social, entre fuerzas anteriormente antagónicas. Los partidos socialdemócratas aceptaron que la economía de mercado es un instrumento válido de creación de riqueza. Por su parte, el liberalismo clásico aceptó la creación de un estado social. Por un lado, un sistema educativo orientado a garantizar la igualdad de oportunidades; y por otro, cubrir las contingencias de pérdidas de ingresos por razón de desempleo». De tal Convenio nació la Unión Europea.
Pero grandes transformaciones se han desarrollado en las últimas décadas que han alterado profundamente el Convenio Económico, Social y Político. La más relevante fue la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. La UE, plural y diversa, intenta consensuar un nuevo contrato social. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.
