En noviembre de 2020, la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo decidió una reforma que consistió en el añadido de una III Adenda, tras constatar que su paralización durante diez años ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir mejoras y cambios en los compromisos de las fuerzas políticas que permitan avanzar en el esfuerzo de aislamiento y erradicación del transfuguismo. A la III Adenda se adhirieron casi todas las fuerzas políticas: PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias y Galicia en Común.
En la política de este país, casi nada es inocente, y aquella reforma tampoco lo fue. Tras ella estaba sobre todo Ciudadanos, un partido en franco declive que veía cómo sus militantes y cuadros se pasaban con armas y bagaje al Partido Popular (y en menor medida al PSOE) para tratar de escapar del naufragio irremisible al que los había arrastrado la inepcia de Albert Rivera. La alcaldía de Granada era en aquel momento el bastión más inestable, y prueba de ello ha sido el pintoresco desenlace de la situación en la capital granadina. Pero también Unidas Podemos tenía intereses en este pleito: Cuenta El Confidencial que Pablo Iglesias había pedido directamente «arreglar lo del sur»; una frase, reproducida literalmente por dicho periódico que los afines a Teresa Rodríguez han hecho hashtag en redes sociales. Como se recordará, Rodríguez fue lideresa de UP-Andalucía hasta que decidió separarse del tronco común y reaparecer bajo las siglas ‘Adelante Andalucía’. Con el nuevo pacto, y la rápida reforma del reglamento del parlamento andaluz para dar cobijo a las nuevas normas, Adelante Andalucía sale del grupo parlamentario de UP y se sienta con los no adscritos. En definitiva, la III Adenda tuvo destinatarios concretos, y se llegó a considerar tránsfugas a los discrepantes, a quienes votaban contra las instrucciones de su organización, a quienes dieran pruebas de disidencia. O sea que el acuerdo extendía la calificación de tránsfuga al ‘traidor’ que discrepara de las decisiones de los aparatos de los partidos, criticara sus actuaciones o votara en contra de lo ordenado por su grupo. Una definición que muchos expertos consideran anticonstitucional ya que acaba con el discrepante y refuerza la ‘partitocracia’.
En suma, aquella reforma, que probablemente algunos sacaron adelante con buena intención, consagra todos los vicios del sistema electoral plasmados en las listas «cerradas y bloqueadas», que someten a los electos a los dictados del partido, sin margen para la libertad de expresión. El partido y no los electores manda sobre el elegido. Y no solo esta situación no se evita sino que se refuerza.
Estos excesos, que podrían terminar en el Tribunal Constitucional, han sido aprovechados por el Partido Popular, que participó en la fundación del pacto en 1998, para desmarcarse de él denunciando «falta de imparcialidad» y «ausencia de neutralidad» por la calificación de transfuguismo de lo ocurrido en Murcia, un caso de los llamados «de libro» en que miembros de la asamblea murciana cambiaron de adscripción a cambio de cargos públicos (no han faltado opiniones que consideran también prevaricadora esta actitud).
La salida del PP del pacto antitransfuguista ha alarmado como es natural a Ciudadanos, que ve se abre puente de plata a sus todavía militantes residuales que quieran buscar cobijo en el PP. Y, por supuesto, el espectáculo que acaba de describirse, aunque poco divulgado, termina de desacreditar el parlamentarismo en general y nuestro modelo representativo en particular. Porque se ve que no hemos sido capaces de conciliar los legítimos cambios de opinión –ha habido muchos tránsfugas honrados que han pasado a la historia, Churchill entre ellos— con la honradez del oficio político, que ha de descartar el oportunismo, la venalidad, el profesionalismo enfermizo de quien está en política porque no sabe ganarse la vida de otra manera.
Han sido muchas las propuestas de reforma de la ley Electoral (Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG), para desbloquear las listas, modificar las circunscripciones, etc., de forma que se adapte mejor el sistema a la realidad territorial y demográfica de nuestro país, pero han faltado los consensos necesarios. No parece que vaya a conseguirse en el futuro próximo un acuerdo a tal fin, pero al menos habría que extremar la ética en unas conductas que, en la política o fuera de ella, hieden a larga distancia.
