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Antonio Papell

Impuestos patrióticos

La llegada de Biden a la Casa Blanca ha sido decisiva para que la comunidad internacional comience a interiorizar la conveniencia de que las empresas multinacionales tributen en los países en los que desarrollan su actividad y lo hagan con unas tarifas mínimas sobre sus beneficios que hagan difícil, si no imposible, el dumping fiscal que se practica a través de paraísos o países de baja fiscalidad (Irlanda, Luxemburgo…). El plan enunciado por Biden consiste en incrementar del 21% al 28% el tipo del impuesto que las compañías estadounidenses pagan por sus ingresos en EEUU después de efectuar las deducciones autorizadas; la propuesta incluye la creación de un nuevo impuesto mínimo global a los ingresos corporativos, con un tipo del 21% a la facturación que obtengan las multinacionales estadounidenses fuera de su país. Todas estas reformas implican revertir la bajada del impuesto de sociedades que su predecesor Donald Trump aplicó en 2017, aunque dejándolo notablemente por debajo del tipo del 35% que se aplicaba antes de esa fecha.

Y todo ello, con la particularidad de que el nuevo presidente USA pretende consensuar en el seno de la OCDE un nuevo impuesto mínimo global a la facturación de las grandes multinacionales. De este modo, según el Financial Times, la propuesta de Biden busca alcanzar un acuerdo a escala internacional para evitar que algunos países intenten atraer a grandes corporaciones mediante bonificaciones fiscales o reduciendo aún más sus impuestos corporativos.

Parece que la gran pandemia, que ha puesto a pruebas las economías de todos los países y la solidez de los sistemas globales de producción e intercambio, ha sembrado la idea de que es preciso que los Estados dispongan de recursos públicos para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Y la evidencia de que los impuestos directos sobre las rentas y los indirectos sobre el consumo han dado de sí cuanto podían lleva a explotar el filón del impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas y no tiene, dentro de ciertos límites, un efecto desincentivador sobre la actividad. Si bien requiere —y este es el problema que ha de resolverse— un amplio consenso para que las compañías no puedan refugiarse en territorios sin ley.

En los Estados Unidos está adquiriendo popularidad un grupo de presión denominado «The Patriotic Millonaires», que postula la tesis de que los ricos deben desempeñar un papel esencial en la recuperación de los equilibrios perdidos de su propio país, haciéndolo más habitable. El grupo piensa que la excesiva concentración de riqueza es desestabilizadora y puede conducir a la violencia. M. Pearl y E. Paine, dos miembros de esta asociación, han publicado un libro, Tax the Rich, en el que describen las lacras de la fiscalidad norteamericana: las habilidades para la evasión, las lagunas legales y la influencia perturbadora de los lobistas. El propósito de los autores no es otro que el de persuadir a sus plutócratas compañeros para que paguen lo que les corresponda y todos podamos vivir tranquilos. Pearl advierte: «No quiero recorrer mi ciudad en una limusina a prueba de balas y rodeado de guardaespaldas, ni que mis hijos y nietos sean secuestrados». Una caricatura de las sociedades latinoamericanas con sus diferencias de renta y sus estímulos a los malhechores.

Un informe publicado el pasado martes por el Observatorio Fiscal Europeo explica que España recaudaría 12.400 millones de euros más a través del impuesto de sociedades si se acordara a nivel internacional establecer un tipo mínimo del 25%, lo que supondría expandir un 43,7% los ingresos procedentes de este tributo. En el conjunto de la Unión Europea, un tipo mínimo del 25% acordado a nivel global en las discusiones de la OCDE supondría un aumento en la recaudación de casi 170.000 millones, un 52% más que lo previsto para este año, lo que permitiría elevar la factura recaudada por los Estados miembros hasta los 510.000 millones. Como se ve, las actuaciones en este sentido tienen un potencial insólito, que permitiría disponer de márgenes fiscales sin necesidad de presionar sobre los contribuyentes personas físicas ni sobre los consumidores. Ese es el camino que deberíamos pronto empezar a recorrer.

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