El Govern se ha visto obligado a levantar tres días antes de lo previsto el toque de queda y a incrementar la permisividad en cuanto a reuniones familiares y sociales. Con ello también ha tenido conocimiento y constancia legal de que se había excedido en las restricciones o que por lo menos no las había justificado de forma suficiente, lo cual, a efectos prácticos y de rectificación, viene a ser lo mismo.

Esta modificación precipitada es la consecuencia inmediata de la resolución del Tribunal Supremo, conocida el jueves, por la que, dando por buena la base de la apelación presentada por la Fiscalía, anulaba el toque de queda y la mayor parte de sus medidas adyacentes, al entender que no guardaban la proporcionalidad correspondiente con la realidad epidemiológica de Balears.

El alto tribunal viene a resolver que no es imprescindible la situación de estado de alarma para avalar un toque de queda destinado al control de una pandemia pero que, en todo caso, de darse esta eventualidad, necesita base científica y sanitaria solida para justificar la restricción de derechos fundamentales y, en concreto, la libertad de movimiento y reunión. Esto es lo que no ha apreciado el Supremo en la severidad de la desescalada a cámara lenta que estaba aplicando el Govern con el objetivo fundamental de salvar la temporada turística. Ahora se impone una nueva dimensión en la que falta saber cómo afectará la mayor permisividad al control de la covid-19 teniendo en cuenta que la vacunación permanece retrasada y que todavía no se ha alcanzado la inmunidad de grupo. Lo decimos porque la reacción, la noche del jueves, con botellones masivos en la Platja de Palma, permite albergar algunas dudas, si bien es cierto que la mayoría de los ciudadanos muestran un comportamiento responsable, pero en una situación de crisis sanitaria como la actual basta el exceso de algunos para desbaratarlo todo. No olvidemos que sigue en juego la salud de muchos y la reanimación turística, es decir económica, de Balears. Quizás, ahora más que nunca, hace falta activar las labores de supervisión y control por parte de los cuerpos de policia local y estatal.

Ahora se trata de hacer compatible el serio varapalo infringido por el Supremo al Govern, y de paso también a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, con la verdadera realidad epidemiológica de Balears. Sin reparar en la jurisprudencia a la que se debe, la mayor instancia judicial de las islas se había decantando siempre, aunque por mayoría simple, con los postulados del Ejecutivo autonómico. En su disposición del viernes, al avalar las medidas relativas a las condiciones de entrada en Balears, el TSJB ya adaptó sus postulados a los del Supremo.

De todos modos, persisten algunos síntomas y elementos que pueden llevar a una confusión y controversia que hay que evitar necesariamente. El Tribunal Superior de Valencia, al resolver una apelación de Vox, ha avalado el mismo toque de queda que se aplicaba en Balears. La diferencia está en que, siguiendo las pautas marcadas por el Supremo, Ximo Puig lo había justificado suficientemente y Francina Armengol, no. Esta diferencia, lejos de llevar a la confusión, debe ser interpretada como la necesidad de hacer las cosas conforme a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.