La crisis de la covid-19 ha puesto en el punto de mira la importancia de cuidar a la ciudadanía y al planeta. A raíz de esta situación, la UE ha puesto en marcha los fondos europeos Next Generation: 750.000 millones de euros para fomentar la recuperación en Europa. Éstos son una oportunidad histórica para empujar con fuerza la transición ecológica y energética que tanto necesita la ciudadanía y el planeta.

Por tanto, en manos del Gobierno de España y también en las del Govern de les Illes Balears está destinar estos fondos a caminar hacia la neutralidad climática, la lucha contra la desigualdad, la superación de la brecha de género y hacia el necesario reequilibrio territorial para revitalizar el medio rural.

Desde Greenpeace defendemos que hay cinco aspectos clave que deben ser tomados en cuenta para decidir el destino de estos fondos:

• Que se destinen a la transición ecológica, dedicando al menos el 40 % a la acción climática y protección de los ecosistemas.

• Que se reformen las políticas ecológicas y se apueste por una planificación de la transición energética adaptada a la realidad de los territorios. Eliminando subvenciones a empresas contaminantes e incentivando a quienes favorezcan la transición ecológica.

• Que no se apoyen proyectos dañinos para el medio ambiente ni se financien proyectos basados en el gas fósil, ya que supone apostar por una falsa alternativa.

• Que se establezcan criterios para evitar que los fondos sean acaparados por las grandes empresas y multinacionales, fomentando el acceso a las pymes y autónomos.

• Que se mejore la transparencia y se asegure la participación pública, para que la sociedad civil forme parte de la planificación e implementación de los planes, mejorando así la calidad y la aceptación de los mismos.

Las Islas Baleares optan a 6.000 millones de euros de estos fondos europeos, una cantidad más que considerable para marcar un antes y un después en la realidad de la isla y sus habitantes.

Aunque esta oportunidad debería despertar esperanza, los movimientos sociales y ecologistas estamos viviendo con mucha preocupación el destino de estos fondos. Principalmente por la falta de transparencia y la presión que ejercen los grandes lobbies empresariales en Europa, que quieren seguir creciendo gracias a oportunidades como esta y liderar ellos la transición energética, sin fomentar que el cambio sea de todas las personas y para todas, sin importar nuestros territorios, las desigualdades ni la distribución de la riqueza.

Para evitar que esto ocurra hace falta que el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, responsables de adjudicar los fondos, lo hagan siguiendo estrictos criterios de justicia social y ecológica, sin dejarse influir por intereses económicos de grandes multinacionales.

Es momento de poner a las instituciones a trabajar para garantizar que la ciudadanía esté orgullosa de su gestión y de los éxitos ambientales y sociales que se puedan alcanzar gracias a ello, demostrando así que la política está al servicio del bien común y no del de unos pocos.