Este gobierno, en el que el presidente Pedro Sánchez ha tenido el acierto de formar a su alrededor un equipo de talla indiscutible —solo los mediocres temen la competencia de sus colaboradores—, creó en enero de 2020 con el objetivo explícito de frenar las tendencias cortoplacistas en la gestión pública y velar por los intereses estratégicos de España en los próximos 30 años. Su misión consiste —explicaba un medio de comunicación citando fuentes gubernamentales— en «analizar de manera sistemática la evidencia empírica disponible para identificar los posibles desafíos y oportunidades (demográficos, económicos, geopolíticos, medioambientales, sociales o educativos...) que España tendrá que afrontar en el medio y largo plazo, y de ayudar al país a prepararse para ellos». Y en el texto de la norma se aclaraba que "uno de los grandes defectos de la democracia es el cortoplacismo. En la frenética cotidianeidad de los gobiernos, lo urgente a menudo eclipsa a lo importante. Esto genera a su vez otros problemas como falta de pensamiento estratégico, de respuesta a la demanda de la sociedad, obsolescencia legislativa, oportunidades no aprovechadas o escasa anticipación, que están en la base de fenómenos como el cambio climático, el vaciamiento rural o la pérdida de relevancia económica para una nación”. Para combatir aquel cortoplacismo y velar por los intereses futuros de España como nación, se ha creado la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo". Tal iniciativa fue sugerida e implementada por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo.
Estas líneas salen al paso de algunas groseras burlas que se han producido cuando la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia ha publicado “España 2050”, en el que se recoge un proyecto de renovación para nuestro país, no con la visión alicorta del futuro inmediato sino a un plazo de treinta años. El trabajo ha sido encomendado a cien economistas de reconocido prestigio, o sea que no se trata de una ocurrencia personal. Es obvio que quien acertara tan lejos sería más un demiurgo, un mago, que un científico o un político con visión, pero no se trata de esto: el diccionario Oxford define prospectiva como aquella ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. Y su utilidad es manifiesta: no sólo esta previsión permite tomar decisiones de presente que eviten estrangulamiento (si conocemos la población probable de una urbe en el futuro, podremos adaptar sus infraestructuras convenientemente) sino que también es capaz de mitigar contratiempos futuros. Si hubiéramos tenido —esta vez a escala europea o global— mejor información sobre el riesgo de los virus pandémicos de origen animal, quizá hubiéramos podido evitar la covid-19 o disponer de vacunas o de tecnologías vacunales adecuadas, con el consiguiente ahorro en vidas y en recursos.
Estas reflexiones estratégicas españolas no están aisladas: el día 21, la ministra de Exteriores, González Laya, participó en la reunión ministerial del Consejo de Europa, celebrada en Hamburgo, que sirvió para poner las bases de una reflexión estratégica, con el objetivo de adoptar, en el próximo comité ministerial en 2022, una visión estratégica para esta organización de cara a los próximos años. El pasado 9 de mayo, día de Europa, arrancaba en el seno de la UE la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que tiene objetivos semejantes a los que España se ha fijado en su aventura prospectiva particular. Estamos, pues, en la línea de las inquietudes de los países más avanzados del mundo, y sólo un necio, indigente intelectual, puede troncharse de risa por el hecho de que la superestructura intelectual y política trate de adelantarse a los acontecimientos. Carlos Herrera, quien pertenece a la machadiana casta de quienes desprecian cuanto ignoran, ha sido uno de ellos.
Curiosamente, como menciona Iván Redondo en un artículo en que describe sus pretensiones y enumera sus propuestas y objetivos, esta iniciativa tiene un notable precedente: Joaquín Garrigues Walker, un brillantísimo político y uno de los escasos liberales compasivos que en la Transición no tenían pasado franquista, proyectó y puso en pie, como ministro sin cartera —ya se le había declarado la leucemia que lo llevó a la tumba— un Instituto Nacional de Prospectiva con el mandato de estudiar “con un carácter multidisciplinar los problemas del futuro” y asistir al país en aquellos años clave. Han debido pasar más de cuarenta años para que aquel designio auspiciado por Adolfo Suárez encontrara un digno epígono que lo llevara a término.
