Parece que se intuyen síntomas de recuperación. La salud pública está afrontando con relativo éxito la aplicación de la vacuna; en materia socioeconómica parece factible una recuperación de la actividad turística en los próximos meses. Ambos síntomas nos iluminan el final del túnel, aunque nos quede camino por recorrer. El crecimiento no es la única herramienta de medir. Hay que afrontar reformas estructurales que nos garanticen una economía sostenida y sostenible, y unos índices de bienestar fundamentado en la igualdad de oportunidades; que afecten a la productividad por un lado, la precariedad y la desigualdad por otra.
Acudo a Antón Costa, Catedrático de Economía de la UB y Presidente del Consejo Económico y Social de España. «En Europa se logró en las décadas posteriores a la Segunda Guerra un convenio político, económico y social, entre fuerzas anteriormente antagónicas. Los partidos socialdemócratas aceptaron que la economía de mercado es un instrumento válido de creación de riqueza. Por su parte, el liberalismo clásico aceptó la creación de un estado social. Por un lado, un sistema educativo orientado a garantizar la igualdad de oportunidades; y por otro, cubrir las contingencias de pérdidas de ingresos por razón de desempleo, enfermedad y jubilación». De tal Contrato nació la Unión Europea (UE).
En Balears el «cambio» en nuestros modos de vivir, convivir y coexistir fue posible gracias al boom turístico y la actividad de construcción; que posibilitaron un cambio radical en nuestras estructuras económicas, productivas y sociales. Surgieron múltiples pymes, autónomos y emprendedores, con facilidades para acceder a créditos financieros; se crearon nuevos empleos y nuevas oportunidades; los salarios de los trabajadores aumentaron progresivamente; y también mejoraron la especialización dentro del mundo empresarial, dando lugar a nuevas profesiones. Los profesionales liberales ampliaron sus horizontes. Ya no eran sólo abogados y médicos. También arquitectos, aparejadores, programadores, diseñadores, consultores de todo tipo. Surge la clase media que posibilita el ascenso social y económico; con rentas seguras que posibilitan cubrir algo más que las necesidades básicas, e incluso ahorrar y acceder a bienes de equipo y de consumo y al crédito hipotecario y de consumo. Tales realidades socioeconómicas, inicialmente positivas, nacieron cojas al no contar con un régimen democrático que posibilitara un Contrato que Incluyese una economía de mercado, un progreso social y una democracia plural. Hasta el 12 de junio de 1985 no nos aceptaron como socios de la UE.
En 2007/08 explotó la crisis global de las entidades financieras. Su salvaguardia tuvo un coste de 45.000 millones de euros del erario público, léase de nuestros bolsillos. Las clases medias, las pymes y los autónomos fueron los más afectados, lo que puso de manifiesto la fragilidad de nuestro modelo lastrado por la estacionalidad, y a su vez con una pretendida competitividad basada en los precios en base a un control (a la baja) de los costes laborales. La consecuencia fue el aumento de la inestabilidad laboral y del paro, especialmente en el sector de la construcción y sus actividades anexas (electricistas, fontaneros y un largo etcétera). Lógicamente, aparecen las dificultades para hacer frente a préstamos, especialmente de índole hipotecaria, y se volatilizan las perspectivas y los proyectos personales y familiares. A su vez, la aplicación de reformas, léase recortes, afecta a servicios públicos básicos (educación y sanidad), mientras los servicios sociales se reducen al mínimo y se transfieren a la buena voluntad de diversas ONG. Surge el malestar social y un profundo desencanto político.
En los entornos de 2014 las circunstancias, al menos las macroeconómicas, nos anuncian índices de crecimiento económico. La clase media-alta, formada por empresarios y/o personal dirigente, profesiones liberales de prestigio, ciudadanos con rentas y/o inversiones rentables y diferenciadas, recupera poder y espacio. Pero tales perspectivas no repercuten en las clases medias/medias; las pymes, los autónomos, emprendedores y asalariados, no tienen garantizada una cobertura digna de necesidades, ni expectativas de ascenso social, ni proyectos vitales y profesionales Mientras, la clase media-baja, ubicada en el paro y/o en la temporalidad y precariedad laboral, corre grave riesgo de exclusión social y económica. Hemos ido entrando paulatinamente en un nuevo período posmoderno donde impera la ideología neoliberal. Comienza a surgir la idea de un Estado del que se espera que haga unas funciones absolutamente auxiliares de legalidad, seguridad e infraestructuras. Pero sobre todo se dibuja un Estado que propague la ideología de mercado a todas las instancias sociales: la educación, la sanidad, las relaciones, la identidad, y suma y sigue.
Con la pandemia instalada (2.019-20) no existe la posibilidad de reactivar nuestra actividad productiva. La temporada alta turística 2020, fue un fracaso absoluto. Ahora el reto inmediato es salvar lo salvable de nuestra red sanitaria y socioeconómica, no mirando hacia atrás con nostalgia. En estos momentos de crisis estructural, asistimos a una expansión del papel del Estado en la economía, a una velocidad y a una escala sin precedentes en tiempos modernos. Pero resulta una ironía que, pese a que se registran niveles máximos de polarización socioeconómica, y falta de confianza en las instituciones públicas, muchos «insignes» preferirían que el Estado destinase sus recursos a la liquidez empresarial, a la reducción de impuestos…Y, les suena a sacrilegio suponer que el aumento del gasto y su regulación ,y la provisión de inversiones productivas, se «compensen» con contrapesos fiscales. Necesitamos reformas estructurales urgentes, incluidas las fiscales. ¿Sabremos destinar e invertir en reformas estructurales la parte que se nos asigne de los Fondos Europeos destinados a España (140.000 millones de euros)?
España es hoy un país sin contrato social, ni territorial. También en Balears, con el esfuerzo individual y colectivo, público y privado, es necesario constituir y gestionar un Contrato Social para reconciliar la economía de mercado, el progreso social y la democracia plural.
