La autovía Llucmajor-Campos ha sido inaugurada esta semana casi a escondidas, como si una infraestructura de tales dimensiones pudiera pasar desapercibida. Los socios de gobierno en el Consell se han desentendido de la inauguración oficial y por tanto también de lo firmado en los acuerdos de Raixa. La presidenta ha sido la única en dar la cara ante partidarios y detractores de la nueva carretera. Paradójicamente, Catalina Cladera sí estuvo acompañada por los alcaldes del PP de los municipios directamente afectados, Campos, ses Salines y Santanyí, aparte de otros cargos conservadores.

Esta anormal imagen de la inauguración no es más que el fiel reflejo de lo ocurrido con una obra necesaria, realizada de forma inadecuada, vista con agrado por el grueso de la población afectada y contestada con contundencia por grupos ecologistas. En este sentido, la autovía de Campos es una oportunidad perdida, al convertirse en una infraestructura útil, pero sobredimensionada, que ha conducido a la irritación y al consumo innecesario de territorio cuando se ha visto que su firme asfáltico se asentaba en buena parte sobre las mentiras y los vaivenes de sus principales responsables políticos. Que la ampliación de la vía se hiciera con la principal intención de evitar accidentes de tráfico no puede significar que la obra en sí haya acabado siendo un accidente político. Y esto es lo que ha ocurrido.

Las estadísticas confirman la inconsistencia de la etiqueta de «carretera de la muerte» colgada a la vía por sus promotores en el momento de acometer su ampliación. Por desgracia, en Mallorca hay otros enlaces viarios con peores resultados de accidente y muerte.

Quienes impulsaron la obra han acabado practicando algo parecido a la política del avestruz cuando ha llegado su culminación. El ahora senador Miquel Ensenyat, el presidente nacionalista del Consell que promovió la autovía, ha pasado de «no querer tener más muertos sobre mis espaldas» a desentenderse por completo y el secretario de organización de Més, Miquel Ferrà, habla ahora de equivocación. Actitud semejante mantiene la en su día responsable de Carreteras del Consell, beligerante ante los ecologistas, Mercedes Garrido y hoy consellera de Presidencia del Govern. Su sucesor, Iván Sevillano, también se ha inhibido a la hora de oficializar la autovía. Su partido, Podemos, no lo hizo en Raixa al firmar su realización.

Todos estos comportamientos han hecho que haya terminado calando una sensación de engaño, acentuada aún por la promesa, ante las críticas recibidas, de reducir en nueve metros la amplitud de la vía que han acabado siendo solo uno. Los argumentos técnicos esgrimidos ahora para el incumplimiento de la promesa ya eran conocidos en el momento de formularla. En este sentido, resulta exigible un mayor rigor.

Puestos a comparar, entre los referentes que puedan significar la autopista de Inca y la autovía de Manacor, la ampliación de la carretera Llucmajor-Campos, debía haberse decantado por este segundo modelo para proporcionar mayor seguridad a sus usuarios y solo el consumo imprescindible de territorio. Dado el modo en que se han hecho las cosas, ha acabado siendo una oportunidad perdida de buena gestión pública e infraestructura necesaria en beneficio de la comarca afectada.