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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Traspasando límites

Cuando los expertos analizan los principales cambios sociales producidos durante los últimos quince años, coinciden en señalar que uno de los principales consiste en el debilitamiento y en la reducción de la clase media. Se ha incrementado el número de millonarios, pero no en la misma medida en que lo ha hecho la pobreza o el de trabajadores con sueldos que apenas alcanzan para sostener a una familia y pagar un alquiler. El sistema educativo ha dejado de funcionar como ascensor social y hasta entrados los treinta años los jóvenes no pueden independizarse y formar una familia. Sólo los jubilados pueden permitirse una relativa seguridad cuando no se ven constreñidos al mantenimiento de hijos y nietos. Espanta la conjetura de las pensiones a las que se verán abocados quienes entran en el mercado de trabajo con esos sueldos de miseria pasados los treinta cuando consigan jubilarse. Si pensamos en lo fundamental que ha sido para la estabilidad de las democracias la fortaleza de la clase media, no podemos sino estremecernos ante las dificultades que les esperan en un futuro no demasiado lejano. De hecho, podemos constatar que ese futuro ya ha llegado. No es ajena a esta realidad la insoportable polarización de la política en todas las democracias, aunque en España la vivimos de un modo singularmente intenso. La cuestión es si estamos condenados a una inestabilidad política y social en la que los partidos políticos no serán más que los inevitables portadores ciegos de las tensiones sociales agudizadas, o será posible la instrumentalización de una voluntad de acuerdo institucional que las mitigue y estabilice la convivencia.

No es la primera vez, ni mucho menos, que las sociedades se ven enfrentadas a retos que parecieron inasumibles, a los que se dio soluciones. En unos casos fueron terribles: dictaduras, guerra, sufrimiento. Pero en otros casos fueron salvadoras: acuerdo, generosidad, templanza, cesión. La Transición española de 1978 fue ejemplo de lo segundo, por eso ha sido valorada por el mundo entero como ejemplo a seguir. Que tuvo algunos costes que se han hecho relevantes con el transcurso del tiempo que hacen necesaria su revisión, nadie puede dudarlo. El principal, la incapacidad del sistema político que surgió entonces para reformarse. Los intereses consolidados, en la política y en la economía lo dificultan de una forma extraordinaria. Son esos intereses los que gravitan en la sociedad española e impiden el dinamismo que exige la situación del mundo. No parece que los partidos, ninguno, estén dispuestos a asumir unos riesgos que puedan oscurecer sus perspectivas de poder en el futuro. Lo han demostrado con creces al negarse en redondo a afrontar las crisis, primero la económica, después la pandémica, estableciendo, bien unos acuerdos que recuerden los Pactos de la Moncloa, bien unas coaliciones de gobierno que afronten los retos a los que nos enfrentamos para que el eslogan de que nadie quede atrás no se quede en eso, un eslogan. Ni un gobierno frentista de izquierdas ni uno de derechas puede hacerlo. Las opciones para un gobierno de recuperación no son posibles desde los extremos. Es el mismo situarse en los extremos lo que imposibilita una política centrada, como se ha visto en las recientes elecciones de Madrid, donde se ha desertizado el centro, no sólo por sus errores, que los hubo y graves por aspirar reemplazar a la derecha, también por el achique de ese espacio por los pactos del PSOE con la extrema izquierda y los partidos independentistas. La política de centro y moderada en España sólo es posible si el PSOE se sitúa en el centro izquierda y el PP en el centro derecha, es decir, renunciando a pactos de gobierno del Estado con la extrema izquierda y la extrema derecha.

La política de centro y moderada sólo es posible si el PSOE se sitúa en el centro izquierda y el PP en el centro derecha

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Analizando la actualidad, no se comprende esa visión unilateral del gobierno de Sánchez que, en lugar de establecer acuerdos mayoritarios parece empecinarse en errores de bulto como el de no someter a control parlamentario los fondos europeos para la recuperación. La exigencia de Europa de reducción de los déficits fiscales no puede resolverse sin más enviando una propuesta incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a Bruselas que, entre otras cosas, contemple el establecimiento de peajes en toda la red de autopistas y autovías del territorio, incluyendo las inversiones ya amortizadas, para que, a resultas del escándalo organizado, el ministro Ábalos proclame que sólo es una propuesta de debate y que, si no hay acuerdo, pues no se hace. La frivolidad del gobierno alcanza cotas de auténtico sonrojo. Sucede como con el Consejo general del Poder Judicial. Después de las amenazas de Sánchez al PP de una ley para nombrarlo que sólo requiriera la mayoría, por la irresponsable negativa del partido conservador al pacto, también por la negativa del PSOE a aceptar que sean los jueces los que elijan a la mitad del CGPJ, Europa ha obligado a Sánchez a desmontar su estrategia monopolizadora y al compromiso de afrontar la elección por los propios jueces.

Tampoco se comprende, a no ser que se profundice en el análisis psicológico del presidente del gobierno, la negativa a establecer legislativamente una etapa de desescalada una vez finalizado el estado de alarma. No se explica si no se acude al resentimiento y la venganza de Sánchez por el ninguneo a las declaraciones sucesivas de las prórrogas en el primer estado de alarma. Sánchez se desvinculó de la lucha contra la pandemia justo después de declarar a inicios del pasado verano que se había vencido al coronavirus. Después, acordó en el parlamento un estado de alarma de seis meses y ahora deja a las autonomías sin capacidades legales para implementar según qué medidas que puedan ser necesarias para la lucha contra la pandemia. Parece que lo que persigue es que las autonomías, ante el caos jurídico, vayan a suplicarle el establecimiento del estado de alarma en su territorio. No puede ser que cuando la nación está en situación tan delicada, se pueda ver comprometida por el ofuscamiento del presidente del Gobierno. Es inconcebible lo que sucede en Valencia o en Balears, que los derechos fundamentales de los ciudadanos puedan ser vulnerados sin estar en vigor el estado de alarma. La vacunación es indispensable, pero el futuro depende del acuerdo.

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