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Joaquín Rábago

Acabar con el principio de unanimidad en la UE

Cada vez parece imponerse más la idea entre los socios fundadores de la Unión Europea de que hay que acabar con el principio de unanimidad y sustituirlo por el de mayorías si se trata de avanzar.

Es algo que se revela absolutamente necesario en cuanto afecta a los asuntos de política exterior, sobre todo desde la incorporación al club europeo de los países del antiguo bloque comunista.

Es más que probable que éstos, como ocurre con todos los países pequeños de la UE, se resistan a un cambio tan profundo porque perderían inevitablemente cuota de poder.

Actualmente, cada país miembro tiene un voto, cualquiera que sea su tamaño o población, lo que significa que, al menos teóricamente, el de Chipre, Eslovenia o cualquiera de las Repúblicas bálticas vale lo mismo que el de Francia o Alemania.

Pero eso tiene también grandes inconvenientes a la hora de tomar decisiones: es una rémora que hace que la UE avance en todo mucho más despacio de lo que muchos desearían.

Baste pensar en lo ocurrido en la UE con la compra de las vacunas contra el Covid-19 si se compara con la celeridad demostrada por el Reino Unido o Israel, por poner sólo un ejemplo.

Hay asuntos en los que se hace necesario acabar con el actual poder de veto, se argumenta en las grandes capitales del continente como Berlín o París.

Se ha visto cómo últimamente países poderosos – por ejemplo, China- se aprovechan del principio de unanimidad de la UE para lograr sus objetivos.

Es lo que ocurrió cuando el húngaro Viktor Orbán se negó a firmar una carta de protesta de la UE contra las torturas infligidas a los abogados presos en ese país asiático.

O cuando el Gobierno griego vetó una declaración conjunta de la UE ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Esas y otras resistencias a condenar al Gobierno de Pekín tienen seguramente que ver con las fuerte inversiones chinas en países de la Unión Europea: en el puerto griego del Pireo, sin ir más lejos.

Algo similar ocurrió con los intentos europeos de condenar al Gobierno de Bielorrusia por la manipulación electoral y su persecución de los opositores de ese país.

La propuesta finalmente no prosperó por la oposición de la pequeña Chipre, que se empeñó en vincularla a una condena simultánea de Turquía.

Está también la actual polémica entre Alemania y los países más atlantistas y hostiles a Moscú como Polonia y las Repúblicas Bálticas, que se oponen a la terminación del gasoducto Nord Stream 2 del Báltico, en el que está especialmente interesado el Gobierno de Angela Merkel.

Sin olvidar los pisotones que se dan unos a otros en Bruselas. Así se acusa al actual presidente del Consejo, el belga Charles Michel, de intentar robarle protagonismo al Alto Representante de la UE para Política exterior y de Seguridad: el socialista español José Borrell.

El titular alemán de Exteriores, Heiko Maas, considera que hay que acabar con tanta confusión de roles y se muestra partidario de reforzar el puesto que ocupa Borrell, cuyo título debería ser sencillamente el de “ministro de Asuntos Exteriores de la UE” .

Así, cualquier futuro secretario de Estado norteamericano no tendría ya las dudas que, en frase retórica, siempre decía tener Henry Kissinger sobre a quién llamar en Bruselas.

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