Jordi Pujol, miembro de una adinerada familia burguesa de Cataluña, médico de profesión, de acrisolada religiosidad (afirman sus biógrafos que a punto estuvo de ordenarse), nacionalista desde la infancia por influencia familiar, antifranquista acreditado —fue condenado a siete años por los llamados ‘hechos del Palau’ en presencia de Franco, aunque cumplió sólo algo más de dos años— activista de organizaciones católicas con raigambre cultural, banquero audaz, ingresó en el terreno de la política mediante una consigna afortunada, Fer país —Hacer país—, que pretendía allegar recursos de toda índole para promover el emprendimiento que auspiciara el desarrollo económico, político y social de Cataluña.
Como herramienta para tales designios, Pujol utilizó la Banca Catalana, de la que fue presidente hasta 1976 y de cuyo consejo de dirección siguió formando parte, y que quebró estrepitosamente. En 1984, fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, pero finalmente aquellas actuaciones se archivaron. No faltan quienes, en Cataluña, piensan que el sobreseimiento de aquella imputación fue un regalo del poder matritense al caudillo catalán, para ganarse su voluntad.
Pujol, primero desde la sociedad civil y sus organizaciones, luego desde el poder, fue el gran motor de la articulación de Cataluña en el proyecto estatal —la transición y la Constitución— ayudado por la buena cabeza de Miguel Roca, quien desde Madrid ejecutó las estrategias. En 1974, fundó Convergencia Democrática de Cataluña, primero como asociación, después, ya en 1976 cuando cayeron las proscripciones, como partido político. CDC nació con una pretensión transversal que abarcase desde el centro izquierda al centro derecha. En octubre de 1977, Adolfo Suárez formó la Generalitat provisional con Tarradellas, que regresó del exilio con la legitimidad de la Generalitat republicana, al frente, y Pujol fue consejero sin cartera. La UCD de Suárez decidió apoyar y vincularse a CDC en lugar de a Esquerra Republicana, el histórico partido de Tarradellas.
El 20 de marzo de 1980 se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña —las primeras desde la Segunda República—, que dieron la victoria a CiU, con 45 diputados de 135. El PSC-PSOE fue segundo con 33 diputados, en tercer lugar se situó el PSUC, con 25, y a continuación UCD (18) y ERC (14). En 1978, se había formado CiU, unión de CDC y de la democristiana Unió Democrática de Catalunya. Pujol quedó al frente de Cataluña por un dilatado periodo de tiempo que no concluiría hasta 2003, cuando ya decidió no presentarse por su provecta edad.
Pujol articuló Cataluña, sobre todo desde el punto de vista de la identidad. Mantuvo originariamente actitudes claramente racistas durante el periodo de la dictadura en que Cataluña recibió inmigración del resto del Estado (después del Plan de Estabilización, sobre todo) con el pintoresco argumento de que si no se educaba convenientemente a los zoquetes que llegaban, se «destruiría Cataluña».
Pujol supo manejar muy bien el poder catalán en el Estado, facilitó la gobernabilidad de España, recuperó las peculiaridades identitarias y culturales, auspició el progreso económico y realmente su papel no fue conflictivo… Hasta que, ya fuera del gobierno, respaldó las tendencias soberanistas de Artur Mas cuando el Constitucional cercenó varios extremos del nuevo Estatut, aprobado por los parlamentos catalán y español y por el pueblo catalán en referéndum.
Pero después de aquel cambio de posición, que probablemente fue oportunista, quedaron al descubierto las corruptelas de Cataluña durante toda la etapa del pujolismo, en que era prácticamente de dominio público el cobro de comisiones, del 3% y aun mayores, como desveló Maragall en histórica sesión parlamentaria.
Pero todo indica que no fue el entorno de Pujol el único que se corrompió: también la propia familia Pujol amasó una fabulosa fortuna. El patriarca y su esposa, Marta Ferrusola, así como sus siete hijos están siendo acusados por la Fiscalía Anticorrupción de diversos delitos, desde asociación ilícita a blanqueo de capitales, pasando por delito fiscal, falsedad documental, frustración de la ejecución, etc. Las penas que se reclaman van de 8 a 29 años.
Este es el pecado original del nacionalismo: se quiera reconocer o no, la separación del Estado perseguía, entre otros objetivos, robar con más facilidad. Y si todo esto ha sucedido bajo control fiscal del Estado, ¿qué hubiera podido pasar en una Cataluña independiente, sin controles ni frenos?
