La obstinación del Gobierno en no haber buscado hasta ahora medidas alternativas al fin del estado de alarma puede significar algo más que pereza e ineficacia en la gestión. Probablemente en la cabeza de Pedro Sánchez no exista otra idea que la del régimen excepcional que le ha permitido ejercer toda la autoridad y gobernar por decreto durante este tiempo, y tampoco haya descartado la posibilidad de volver a imponerlo después de las elecciones en Madrid, apelando a nuevas necesidades de la pandemia. De suceder así, la oposición se vería en la disyuntiva de apoyarlo o ser señalada por irresponsable frente a la crisis sanitaria. Lagarto, lagarto, Sánchez jamás se ha conducido con la verdad por delante y para creer sus palabras se requiere un ejercicio de fe a prueba de bomba.
En un estado de derecho no se puede aceptar la excepcionalidad por sistema y por tanto tiempo cuando se trata de renunciar a libertades individuales y colectivas. El equilibrio normal entre poderes debería, además, preservarse aún en las circunstancias más difíciles. En el resto de la UE y hasta el momento, los países miembros han preferido no activar los mecanismos de emergencia constitucionales, sino aprobar medidas legislativas urgentes ordinarias. Salvo en el caso de España, donde se ha impuesto desde el primer momento la excepcionalidad de la alarma. No se conoce, sin embargo y respecto a los demás, en qué ha beneficiado en la lucha contra el virus.
¿Por qué el Gobierno de Sánchez no se ha esforzado en encontrar salidas menos traumáticas para la temperatura y la estabilidad democráticas? ¿Por qué en estos momentos las autonomías permanecen sin un plan de ruta, a la deriva y sin saber qué hacer después del 9 de mayo, fecha en que supuestamente se prevé concluir con el régimen excepcional? La irresponsabilidad vuelve a ser manifiesta, pero igual detrás de ella se esconde el deseo de volver a transitar por el mismo camino. Ojalá no sea así.
