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Antonio Papell

Los ultras y los MENAS

Los MENAS son, como todo el mundo sabe o debería saber, menores extranjeros no acompañados que tiene su residencia en nuestro país por haber ingresado irregularmente en él y que, por los convenios internacionales de carácter humanitario suscritos por España, no pueden ser rechazados en frontera ni devueltos a sus países de origen si ellos no lo reclaman expresamente.

Una vez en suelo español, quedan al amparo del llamado Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados. Dicho protocolo, cuyo contenido está basado en normas como la Ley de Extranjería, la Ley de Infancia y el Código Civil, les protege teóricamente y trata de integrarlos en la sociedad española. En la práctica, no todas las comunidades autónomas se comportan de la misma manera con este colectivo altamente vulnerable, que de hecho prospera, cuando prospera, gracias a las ONG. Hay Centros de Internamiento públicos, lugares de acogida que resuelven los primeros pasos del menor en España, pero lo deseable es que sean pronto alojados en centros especializados, a cargo del personal humanitario, o en acogida social.

En otras palabras, nuestra legislación en materia de inmigración, como la de la mayoría de los países de nuestro entorno, no se aplica a los menores de edad, por comprensibles razones éticas: son niños/adolescentes que han corrido serios peligros en el viaje desde su país de origen, y parece razonable no obligarles a realizar el camino a la inversa; por lo demás, hay razones morales que impulsan a ofrecer a este colectivo emprendedor y valiente las oportunidades que no tuvo en su lugar de nacimiento: lo lógico es darle las herramientas para que estos muchachos se conviertan ciudadanos españoles, que después contribuirán como todos al sostenimiento de lo público.

Pues bien: ese partido que ha nacido como excrecencia reaccionaria del PP, Vox, ha hecho lema de campaña la expulsión de los MENAS, que estarían absorbiendo el dinero de todos, mientras el Estado sigue siendo incapaz de ofrecer pensiones dignas a los nacionales. El cartel es indignante: junto a un MENA embozado y con aspecto desharrapado y peligroso, y a una venerable anciana en actitud contemplativa, un texto dice: UN MENA 4.700 EUROS AL MES. TU ABUELA 426 EUROS DE PENSION/MES. Un fiscal ha solicitado la suspensión cautelarísima del cartel y un juez se la ha negado en un gesto de incomprensible lenidad con los ultras.

El caso no es ni siquiera económicamente significativo porque, como aclaró la propia presidenta de la CAM en el pasado debate, tan solo hay 269 MENAS en la CAM (en 2018, de los 63.500 inmigrantes irregulares que recibió España, unos 6.000 eran MENAS). Pero, además, es de una execrable vileza el utilizar argumentos de este tipo para mantener la marginalidad de un colectivo tan duramente golpeado por la vida. Es repulsivo que un partido político, en lugar de ofrecer proyectos en positivo a la ciudadanía, base su campaña en la expulsión de grupos vulnerables, en la omisión de socorro a personas que lo precisan porque no tuvieron suerte en la vida.

La campaña de Vox contra los MENAS está evidentemente encaminada a movilizar a la gente contra esos menores, a sembrar ideologías excluyentes e inmorales del tipo de ‘España primero’ –el ‘America first’ de Trump-, a hacer prevalecer ideas supremacistas que generen xenofobia y racismo, que eviten a la «gente de orden» tener que codearse con «el diferente», término que incluye al negro, al homosexual, al transgénero o al inválido. Cuando por razones coyunturales se producen avalanchas de inmigrantes –este año en Canarias, por ejemplo— no es difícil movilizar a las muchedumbres contra los recién llegados; homo homini lupus, según Hobbes. Por ello, para evitar disturbios injustificables, para que no se pueda seguir produciendo esta pedagogía macabra del racismo, es necesario activar las leyes para contener las incitaciones al odio que están detrás de estas actitudes. Esta es la razón por la que la mayoría de los demócratas, aquí y en Europa, creemos que los partidos de extrema derecha, que buscan la fibra odiosa de la sociedad para excitarla, han de ser rigurosamente aislados tras un cordón sanitario que nos salve de la contaminación. Con la colaboración activa de los jueces, naturalmente.

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