Paseando hace años por la ciudad de Ámsterdam, me llamó la atención una enorme barcaza amarrada permanentemente en sus canales, desde la que varias decenas de gatos observaban perezosamente a los viandantes. Los felinos vivían libres, y bajaban cuando les apetecía, desplazándose por las calles en pacífica convivencia con los habitantes humanos del barrio. Fue mi primera aproximación a una colonia de gatos ferales en un entorno urbano civilizado. Hay que decir que los gatos ferales no se diferencian genéticamente en nada de los gatos que viven en muchos hogares, ya que se trata de la misma especie. Distinguiéndose únicamente en que los gatos ferales viven en libertad; pero son también animales domésticos y, como tales, están protegidos por las mismas leyes.

En otros países europeos (y también, durante los últimos años, en algunas ciudades españolas) se han establecido por los ayuntamientos, protocolos de protección de las colonias felinas, toda vez que sus ventajas son evidentes: los gatos ferales contribuyen desde hace siglos al control de plagas de pequeños roedores, sin que supongan (en contra de ‘leyendas’ sin base científica) un peligro para las aves, toda vez que su propia idiosincrasia cazadora les lleva a preferir a las pequeñas presas terrestres (ratones, cucarachas, etc.; las más molestas para la población humana). De hecho, en lugares del mundo donde se olvidó esa realidad y se optó en algún momento por el exterminio de gatos ferales, han tenido ocasión de arrepentirse, ya que han sufrido -como recientemente en Australia- una auténtica invasión de ratones y ratas, y el consecuente problema sanitario para sus ciudadanos.

En nuestro país, en el año 2015 se celebró en el Congreso de los Diputados el Primer Foro Parlamentario sobre la Protección Felina, en el que intervinieron expertos en la materia y del que se extrajeron importantes conclusiones que podemos resumir en que: 1º) La existencia de colonias felinas es beneficiosa para la sociedad; y 2º) La única forma eficaz -y ética- para reducir y controlar la población de gatos ferales es el método CER (Captura, Esterilización y Retorno a sus espacios). Por otro lado, la OMS reconoce en sus Directrices que el único medio sostenible para el control de la población de animales callejeros es el citado método CER.

Por ello, desde hace años numerosas asociaciones y cuidadores (la mayoría de ellas, féminas, justo es reconocerlo) dedican muchas horas de su día a día a capturar, llevar al veterinario, esterilizar, vacunar, alimentar con pienso adecuado, y cuidar a los ejemplares de dichas colonias. Y lo hacen sin recibir subvenciones de ningún tipo, empleando para ello sus propios recursos económicos, en ocasiones, muy exiguos. Consiguiendo así un control de la población felina, ético, legal y sin maltrato. Y, facilitando con ello, beneficios (y ningún perjuicio) a la comunidad humana cercana a dichas colonias. Una actividad para la cual, especialmente en las ciudades más avanzadas del Estado, dichos cuidadores reciben ayudas públicas municipales.

Sin embargo, actualmente algunos ayuntamientos de Baleares (a raíz de las quejas de algunos vecinos que desconocen los beneficios de dichas colonias) están cometiendo el error de optar por la captura y exterminio («desaparición», en la práctica) de dichos pobres animales. Entre ellos, están saliendo a la luz actuaciones muy cuestionables (si no directamente ilegales) por parte de Ayuntamientos como el de Sant Josep, en Ibiza (que llegó hace poco a un acuerdo ¡nada más y nada menos que con cazadores! para que éstos capturasen a los gatos del municipio), o Bunyola y Manacor (entre otros), en Mallorca, dónde al parecer (por medio de los «servicios» de la empresa Natura Park) se está procediendo a capturar gatos que ya habían sido esterilizados y controlados veterinariamente por cuenta de sus cuidadores (habiéndose denunciado la desaparición de numerosos ejemplares).

Seguramente debe ser tentador para un gestor municipal acudir a métodos «drásticos», cuando dichos «servicios» son ofrecidos, a cambio de dinero público, por quien promete «solución» definitiva a un «problema» (ficticio o no). De hecho, como dijo Isaac Asimov, «la violencia suele ser el último recurso del incompetente».

Pero dicha supuesta «solución» no es eficaz, ya que el hueco dejado por los gatos «desaparecidos» será ocupado más pronto que tarde por otros ejemplares, si no se les esteriliza mediante el citado método CER. Ni es ética, ya que son seres con capacidad de sentir, tal y como establece el Tratado de Lisboa (Unión Europea) y acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados, al vincular a la legislación española y sus instituciones. Ni tan siquiera es legal, porque los gatos, en tanto que animales domésticos, no pueden ser capturados, maltratados y ejecutados, al estar protegidos por la Ley de Bienestar Animal de Baleares, y en su ámbito por el Código Penal.

Ya hay recientes Sentencias Judiciales (como la dictada en 2019 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Cartagena) que han condenado a ayuntamientos por encargar la captura y permitir la muerte de gatos ferales. Probablemente sea solo cuestión de tiempo que empecemos a verlas también en otros lugares. Algunos representantes municipales deberían recapacitar, ahora que todavía están a tiempo, y adecuar su actuación al método CER -el único ético y eficaz para controlar la población felina-, y a la legalidad vigente.