Los Servicios Sanitarios Públicos son los que han soportado (y siguen soportando) las mayores cargas del Covid-19, especialmente en su fase más extensiva e intensiva, la epidemia. En consecuencia era (y es) de máxima relevancia evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía de cada uno de los ítems: la atención primaria, la medicina especialista, los servicios hospitalarios y de urgencias, la percepción de las restricciones impuestas, así como las vacunas.
La Fundació Gadeso desde el inicio del contagio del virus, marzo 2020, ha desarrollado múltiples con la finalidad de conocer y evaluar la reacción de la ciudadanía frente a la pandemia (QG 392-396). En estas líneas tomamos el pulso a nuestros ciudadanos y ciudadanas durante el presente mes de abril en relación a los servicios sanitarios públicos (QG 397).
Una característica propia es, por una parte, una opinión positiva relativa al personal sanitario, manifestada por las imágenes de la ciudadanía aplaudiendo desde sus balcones como muestra de apoyo y de agradecimiento al esfuerzo de todo el personal sanitario que pusieron (y siguen poniendo) en riesgo su propia salud, aplausos merecidos pero que se deberían visualizar en más personal y mejores salarios. Pero al mismo tiempo se manifiesta una opinión no positiva referida a las instalaciones y a determinados servicios (hospitales, urgencias, UCI) a punto de estallar por sobrecarga, al ser utilizados a la vez por los afectados por el virus y las necesidades y urgencias habituales. Tales déficits se «superaron» gracias de nuevo a la profesionalidad del personal de les Servicios Públicos de Salud.
Mientras, la expansión del coronavirus y los contagios provocaron que las autoridades sanitarias y el Gobierno balear debieran imponer una serie de restricciones que afectaban al acceso y uso normalizado a los Servicios de atención Primaria (PAC, Centro de salud y Unidades básicas de salud) y a los especialistas. Los Servicios de Atención Primaria se pueden considerar adecuados en líneas generales, a pesar de que una parte relevante de la población piensa que se han puesto trabas para acceder al médico de cabecera y a los servicios propios del PAC, debiendo hacer uso de los teléfonos habilitados ad hoc para poder contactar con el médico y conseguir un diagnóstico de sus problemas de salud. La medicina especialista ha sido, sin duda, la más perjudicada durante esta pandemia, retrasos insoportables, incluyendo intervenciones quirúrgicas.
Si algún servicio de salud en nuestras islas ha vivido un auténtico infierno han sido los centros de atención hospitalaria y especialmente sus unidades de cuidados intensivos (UCI) y los servicios de urgencia. A pesar de la gran labor de todas las personas que forman parte de la comunidad sanitaria se ha puesto en evidencia que hay que ampliar, mejorar y dotar de recursos, tanto materiales como humanos. Hay que poner fin a la política de recortes y desinversión en la sanidad pública para favorecer intereses privados y recompensar como se merecen a la gente de nuestros hospitales. Especialmente la gente de más edad ha sido la que, de manera más devastadora, ha sufrido las consecuencias de la pandemia, sobre todo en las residencias geriátricas.
Tal situación deficitaria se debe a unas pésimas transferencias en materia sanitaria. Los recursos fueron en su momento (y siguen siéndolo) injustos e insuficientes. Para mas inri la sanidad, como la mayoría de servicios públicos esenciales, fue víctima de los recortes de la crisis del 2.008. Y a 31 diciembre 2020 somos 1.171.543 personas censadas, sin contar la población flotante que en determinados meses dobla a la residencial estable. Resulta evidente la necesidad y urgencia de ‘transferir’ recursos para infraestructuras, instalaciones, servicios, personal… para poder contar con una Salud Pública satisfactoria.
Vistos los déficits estructurales y de personal la gestión sanitaria no se considera negativa. El nivel medio de satisfacción/insatisfación se concreta en un empate técnico que hemos cualificado como ‘satisfacción moderada’. Cualificación que convive con cierto desconcierto e insatisfacción: un 20% que no se define respecto a los servicios sanitarios (No sabe/ No contesta), y un 42% que no tiene una opinión formada (si está de acuerdo/ o no) referida a las restricciones que han afectado (y siguen afectado) a nuestros modos habituales de vivir, convivir y coexistir. En referencia a las vacunas, la gran mayoría de la ciudadanía consideran que son necesarias y útiles; pero tal estado de ánimo convive con un cierto confusionismo referido al suministro de la vacuna y a la incerteza de la bondad (o no) de determinadas ‘marcas’. Y nos queda por ver si se cumplen los plazos de vacunación, 70% de la población a finales de agosto.
A modo de conclusión, sería grave si los ciudadanos y ciudadanas cayéramos en el error de pensar que la pandemia ha sido puramente un accidente.
