Como recordarán los lectores, ante la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial, fundamentada en, a su juicio, la ofensiva del partido de Iglesias contra las instituciones del Estado, específicamente contra la monarquía, Sánchez anunció en sede parlamentaria la reforma del sistema de elección vigente, que exige una mayoría de tres quintos de las cámaras (210 votos en el Congreso), mediante una ley que solamente exigiera la mayoría absoluta del Congreso de los diputados (176 votos). El argumento era que el PP no cumplía el requisito constitucional del artículo 122. 3 del C.E. para renovar un CGPJ cuyo período de mandato de cinco años ya hacía dos que había concluido. La realidad es que no hay un mandato específico a nadie, sólo un requisito de mayoría cualificada con el objetivo constitucional de posibilitar un poder judicial que no esté sometido al poder ejecutivo. La ley orgánica impulsada por el PSOE en el año 1985, cambió la precedente, la ley 1/1980, que contemplaba la elección de 12 vocales entre jueces y magistrados por parte del colectivo de los jueces y 8 entre abogados y juristas por mayoría de tres quintos por Congreso y Senado, para pasar a ser los veinte vocales elegidos por el Parlamento. La justificación del cambio era que la soberanía radicaba en el Parlamento y de éste debía emanar el poder judicial.
La realidad es que, en función del artº 68 de la CE (la elección atenderá a criterios de representación proporcional), de la ley electoral de listas cerradas y bloqueadas y de la concepción constitucional de los partidos, artº 6 de la CE (expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política), son las cúpulas partidarias las que determinan la composición del ejecutivo y de las dos cámaras del legislativo y, por tanto, la subordinación del legislativo al ejecutivo. Si, además, se procede de acuerdo con la ley orgánica de 1985 en lo que concierne a la elección de los miembros del CGPJ, se acaba con el principio democrático de la división de poderes. La consecuencia más inmediata, independientemente de otras que tienen como corolario un déficit de funcionamiento democrático, es que son los partidos en el poder, históricamente PSOE y PP, los que eligen a los jueces que van a juzgarles en caso de estar sometidos a procedimiento judicial, pues es el CGPJ el que elige a los miembros del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y de las Audiencia Provinciales. Es la aplicación en la práctica política del planteamiento de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
La ofensiva de Sánchez para torcer el brazo al PP consistía pues en la reforma de la ley de 1985 eligiendo el CGPJ por mayoría absoluta, al tiempo que maniataba al CGPJ en funciones con otra ley, ya aprobada, que le impedía realizar nombramientos tras haber caducado su mandato constitucional; de este modo el gobierno elegía directamente el poder judicial. Sánchez mantenía que la negociación no era entre PSOE y PP sino entre Gobierno y PP, para incluir a UP en la negociación. Nada dice en ese sentido el artículo 122 de la CE, por lo que es obvio que la negociación se debería establecer entre los grupos parlamentarios capaces de articular un acuerdo que garantice el mínimo de tres quintos requerido constitucionalmente. Pero el PP no se rindió al pulso de Sánchez. Tampoco la mayoría de asociaciones judiciales; 2.500 jueces españoles dirigieron un escrito a la Comisión Europea solicitando un procedimiento ante lo que consideraban «un riesgo claro de violación grave del Estado de derecho». Al final lo que se ha torcido no es el brazo del PP sino el brazo del césar de la Moncloa. La Comisión Europea, a través de la vicepresidenta Vera Jourová, transmitió el pasado lunes al ministro de Justicia español la no procedencia de la iniciativa de dejar establecido el quorum en la mayoría absoluta, la Comisión no lo aceptaba porque iba en la dirección equivocada. El martes dijo el comisario de justicia de la CE, Didier Reynders, que no era suficiente parar la reforma emprendida, sino que pedían a todas las fuerzas políticas que se comprometieran en una reforma futura para que al menos la mitad del CGPJ (10 vocales) fueran elegidos por los propios jueces (los estándares europeos). Dijo que la situación actual no plantea problemas si hay compromiso para una reforma estructural. Bruselas también ha pedido que se modifique la forma actual de elegir al Fiscal General que, como se sabe, es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. En efecto, el mismo martes el ministro de justicia Juan Carlos Campo anunció la decisión del Gobierno de retirar la reforma. Decisión con la que Unidas Podemos manifestó estar en desacuerdo.
Así pues, cuando muchos ciudadanos pensaron que las denuncias de la oposición proclamando que la deriva del gobierno de coalición de PSOE-UP apuntaba a una especie de república bolivariana autoritaria o dictatorial eran excesivas, Europa no las ha echado en saco roto, al menos en lo que se refiere a un indudable atentado al Estado de derecho impulsado por el Gobierno de España. Ahora sería el momento para que PSOE y PP negociaran un acuerdo diferente al de tiempos pasados, en el que se repartían los vocales en función de su cercanía a cada formación y fueran capaces, hasta que cuajara la reforma exigida por Europa de que al menos la mitad de los vocales sea elegida por los jueces, de alcanzar un pacto en el que lo que contara fuera la capacidad y el prestigio profesional para formar parte del gobierno de los jueces. Dudo de que sean capaces, pero es lo que la inmensa mayoría de los demócratas españoles desearía. Frente a quienes, a raíz de la crisis de 2008 y el euro, planteaban la salida de España de la Unión Europea, queda patente que la política española no es la solución, en todo caso es el problema; y que la solución es Europa. Por si alguna duda quedara, la resolución del Tribunal Constitucional alemán dando la luz verde al fondo de recuperación de la UE que supondrá la transferencia a España de 140 mil millones de euros entre subvenciones y créditos cuando todos los Estados lo hayan ratificado, es otro paso decisivo que despeja cualquier incógnita.
