El mundo desarrollado se está vacunando a la gente con una celeridad inusitada, y es probable que en 2021 haya concluido la inmunización de media humanidad… en tanto la otra media, incluidos gigantes como India o Brasil, siga debatiéndose con la pandemia incontrolada, por falta de vacunas suficientes. Ante esta situación, expertos y científicos han demostrado que las vacunas existentes, todas fabricadas por la iniciativa privada, no hubieran sido posibles sin una fuerte financiación pública. El estudio más ambicioso realizado hasta la fecha sobre la financiación de la de AstraZeneca indica que la industria farmacéutica soportó menos del 3% de los costes de investigación que la han hecho posible. La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron desde el Gobierno del Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones), mientras el resto procedía de entidades también financiadas con fondos públicos (centros de investigación) y fundaciones que apoyan la investigación científica. Ante estas evidencias, 170 personalidades mundiales han enviado el pasado jueves una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir la suspensión temporal de las patentes.
La medida que se demanda es acertada y urgente porque no estaremos libres del coronavirus hasta que todos los países lo estén. Pero, además, habrá que reconsiderar los criterios con que se rige la industria farmacéutica, que debe ser protegida e impulsada porque en ella residen la iniciativa y la capacidad de invención, pero también controlada en sus excesos para que cumpla su función de servicio público. Lo importante, en fin, es que haya vacunas para todos, pagadas a escote por quienes pueden, podemos, hacerlo.
