A medida que se van aproximando las fechas de su ejecución y entrada en vigor, se va conociendo también, poco a poco, el detalle y el destino de los fondos europeos que deben servir para catapultar la economía balear tras la sacudida, sin precedentes, de la covid-19. De los mil millones asignados al archipiélago se sabe que 885 millones estarán destinados a ayudas directas y el resto se distribuirán mediante créditos ICO y otras herramientas.

Se ha avanzado en el reparto con una ampliación de referencias y objetivos que a día de hoy ya van mucho más allá, tanto en el detalle como en los objetivos, de lo diseñado en principio desde Madrid. Esta es una buena noticia porque las ayudas imprescindibles solo tendrán sentido y eficacia en la medida que logren ajustarse y responder a las necesidades reales del tejido empresarial, laboral y social de Baleares.

Se deben sobrepasar los planteamientos puramente teóricos o abstractos para identificar a unos destinatarios que se correspondan con empresas capaces de reaccionar con medios de inversión o que tenían unos planes de futuro ensombrecidos por la pandemia y que ahora, con las ayudas, podrán afrontar un futuro más halagüeño. Lo dicho para las empresas es válido para los autónomos, sin olvidar tampoco a los emprendedores que antes de la crisis habían consolidado con solvencia sus planes de expansión y no pudieron despegar.

Dicho esto, también hay que alertar sobre el riesgo de convertir la abundancia en trampa o despilfarro. Es necesario espantar a desaprensivos y tener a mano el bisturí para extirpar del proceso de auxilio institucional a empresas zombi y falsas.

Los acuerdos alcanzados en Madrid entre el conseller de Turismo, Iago Negueruela y la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, se sitúan en la dirección acertada. Que se incluya en sus contenidos a las empresas afectadas por la caída de Thomas Cook, para que puedan tener acceso a la ayuda estatal, significa atender a las necesidades y a las carencias reales. La medida va en consonancia con la decisión de abrir las ayudas a quienes tuvieron pérdidas justificables, los negocios de nueva creación y, de modo excepcional, las actividades que designe el Govern, como el comercio turístico o el calzado. Hace falta crear y consolidar una nueva economía diversificada que aglutine a todo lo recuperable y a quienes sean capaces de aportar innovación y desarrollo.

El descalabro ha sido de tal magnitud y tan prolongado que ya no queda margen disponible para demoras ni pasos en falso. La situación requiere perspectiva para mirar y actuar más allá de lo que pueda quedar de legislatura y para hacerlo no hay mejor medida que la del diálogo y el consenso, una unión de esfuerzos y voluntades que no puede limitarse al ámbito político. Las ayudas que el Govern canalice deben estar consensuadas con la oposición y los agentes sociales salvaguardando la capacidad de mantener su vigencia frente a cualquier vuelco electoral. Estamos ante una misión y una responsabilidad de todos, que no admite exclusión. En este sentido resultan alentadoras iniciativas como la del manifiesto Tots Junts, con el que la Fundación Forteza Rey ha creado un frente común para hacer frente a la crisis con el que se han comprometido todas las fuerzas políticas, excepto Vox.