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Diario de Mallorca

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Antonio Papell

Malestar judicial

Tres asociaciones de la carrera judicial cuestionan ante Europa la reforma del CGPJ emprendida por el Gobierno

Malestar judicial

Tres asociaciones de la carrera judicial se han dirigido a la Comisión Europea -a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders- para denunciar un «riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España». La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), piensan que dicho riesgo existe por las recientes reformas impulsadas por el Gobierno, en especial la que limita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial para que no pueda efectuar determinados nombramientos estando en funciones. Conviene señalar que aunque estas asociaciones hablan de ‘reformas’, la más convertible, que era la que pretendía que el Poder Judicial pudiese ser renovado con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños), en lugar de los tres quintos (210) que exige la ley actual y que se desprende del espíritu y de la letra de la Constitución, está totalmente congelada después de que muchas voces autorizadas hicieran ver su impertinencia.

La carta, que representa a unos 2.500 jueces afiliados a las organizaciones del centro y de la derecha judiciales (no la ha firmado Jueces para la Democracia, la organización progresista), añade que «en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE —es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales—, se camina en la dirección opuesta». La carta subraya especialmente que la reforma destinada a limitar los nombramientos del CGPJ cuando esté en funciones ―norma que ya ha entrado en vigor―, determina un «apagón» del órgano de gobierno de los jueces, por cuanto le deja «sin funciones de designación de cargos judiciales» hasta que «sean renovados» los propios miembros de la cúpula judicial.

La clase política está obstaculizando, en efecto, el funcionamiento normal del poder judicial, y en este caso es objetivamente incuestionable que es el principal partido de la oposición el que, después de más de dos años y medio de caducado el actual consejo, se niega a negociar la renovación con las fuerzas que forman la coalición gubernamental. Dicho esto, es claro que los jueces no son inocentes en esta película de buenos y malos.

En primer lugar, no es cierto que el procedimiento idóneo de formación del órgano de gobierno de los jueces sea el endogámico. En muchos países, la elección es parlamentaria y en el nuestro la experiencia inicial fue mala: el estamento judicial es mayoritariamente conservador y el primer CGPJ estuvo excesivamente escorado. En segundo lugar, los firmantes de la misiva afirman que lo que amenaza el Estado de Derecho en España es una norma razonable que limita la capacidad de actuación de un Consejo caducado (tampoco un gobierno o un parlamento caducado mantiene íntegras sus facultades) y no la actitud bloqueante de unos partidos que se niegan a la negociación.

En tercer lugar, los firmantes atinan al recordar que el TC avaló la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de origen judicial, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque los partidos no se repartieran los cargos en función de su peso parlamentario, y resulta que «tras 35 años los riesgos previstos por el Constitucional se han convertido en lamentables realidades» ya que los partidos han utilizado el llamado sistema de cupos: una vez atribuido a cada partido el número de consejeros, los candidatos, de la estricta confianza de su partido correspondiente, son votados por la mayoría transversal necesaria. Los partidos son los que vulneran el espíritu constitucional, pero eso no pasaría si los jueces se negasen a llevar el dorsal de un partido político, poniendo en entredicho su independencia ideológica. Quizá por ello, el 44% de los jueces y magistrados no están adscritos a asociaciones judiciales, que también aceptan sin parpadear su etiqueta partidaria. Los jueces, en fin, no son del todo inocentes de su propia politización.

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