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Antonio Papell

Los jóvenes en el consenso económico

La precariedad laboral de los jóvenes ha sido una de las consecuencias más perversas de las dos grandes crisis económicas que hemos padecido en este siglo, la gran crisis económico financiera 2008-2014 y la actual crisis sanitaria que se desencadenó en marzo de 2020. La situación, con tasas de desempleo que han llegado a sobrepasar el 50% y que volvió a repuntar en 2020 hasta el 38%, una cifra muy superior a la de la mayoría de los países europeos —un estudio reciente asegura que el 25% de los jóvenes ha perdido su puesto de trabajo por la covid—, tiene tremendas repercusiones sociales negativas pero también muy importante trascendencia política ya que la precariedad de los tramos laborales emergentes, personas que llegan al mercado laboral con la ilusión de estrenarse en la vida, repercute espontáneamente en una deslegitimación del sistema. Es evidente que esos jóvenes no pueden sentirse bien representados por unas estructuras políticas que no son capaces de ofrecerles un acomodo en la vida, ni siquiera unas expectativas razonables a medio o largo plazo. Y esta crisis de representación está en el origen del derrumbamiento estrepitoso del viejo modelo de bipartidismo imperfecto y del surgimiento de formaciones radicales de derechas y de izquierdas.

La situación de los jóvenes ha sido el tema dominante del último Consenso Económico de PWC, correspondiente al primer trimestre de 2021, que estima que los jóvenes serán además los grandes perjudicados por la crisis económica provocada por el covid-19. Según la opinión de un panel de más de 400 expertos que elabora esta encuesta, serían necesarios cambios en la formación y reformas para acabar con la excesiva temporalidad del empleo juvenil, como reforzar la Formación Profesional y reducir la brecha entre los costes del despido para los contratos temporales y fijos.

De entrada, los panelistas coinciden (en un 93,3%) en considerar como extraordinariamente preocupante o muy preocupante la intensa contracción del número de jóvenes entre 16 y 34 años, lo que plantea un serio problema demográfico de envejecimiento de la población, así como su baja participación en el mercado de trabajo, muy por debajo de los países europeos. Para fomentar su incorporación al mercado de laboral, los panelistas proponen en primer lugar modificar la formación que reciben, vinculándola más directamente a las necesidades productivas. En segundo lugar, creen que es necesario cambiar los mecanismos de entrada en el empleo, poniendo mayor énfasis en el aprendizaje.

Sobre el primero de estos asuntos, la formación, los encuestados advierten un claro desequilibrio, con una manifiesta insuficiencia de los estudios secundarios no obligatorios y un excesivo peso de los primarios y, especialmente, de los superiores, sector este último en el que existe una sobrecapacitación de los universitarios, que acaban compitiendo en el mercado por trabajos de inferior cualificación. Para corregir estos desequilibrios, el 96,3% de los panelistas apuesta por incentivar e invertir en la FP, el 56,5% por reformar la formación universitaria, reforzando los estudios científicos, y el 54,6% por potenciar la formación básica. Más específicamente, para mejorar las tasas de escolarización postobligatorias (muy alejadas de países como Suecia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Polonia o Finlandia) y su incidencia en el empleo juvenil, los panelistas proponen una vez más incentivar la FP (88,9%), así como reforzar la orientación profesional que reciben los jóvenes (81,6%) y reforzar el sistema educativo en los territorios con mayor fracaso escolar (53,21%). También creen que habría que aumentar la oferta de trabajo juvenil con formación tecnológica y ponen sobre la mesa dos medidas adicionales: por un lado, reforzar los estudios secundarios y superiores con una mayor oferta técnico-matemática (73,2%) y, por el otro, incrementar la participación femenina en este tipo de ramas (46,3%).

Sobre la segunda cuestión, la entrada en el mercado laboral, el 67% de los encuestados considera que debe reducirse la proporción de los contratos temporales entre los jóvenes, por encima del 48% en 2020. Para conseguir tal objetivo, el 66,1% apuesta por reducir la brecha entre los costes del despido para los contratos temporales y fijos, y el 41% cree que se debería penalizar el encadenamiento de contratos temporales.

Parece que ideas no faltan, pero el problema sigue a la espera de que se tome la decisión política de ejecutarlas.

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