El poderoso sector agroquímico ha recurrido a sus organizaciones y grupos de presión en Bruselas para conseguir que se flexibilice en su beneficio la regulación europea sobre organismos genéticamente manipulados.
En julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que los productos desarrollados con las nuevas técnicas de modificación genética debían someterse a las mismas regulaciones que el resto de los transgénicos.
Empresas como Bayer o BASF temieron entonces perder lo que se presentaba un suculento negocio y decidieron tomar medidas para intentar forzar un cambio de rumbo en Bruselas.
Desde ese momento se lanzó una campaña de intenso cabildeo tendente a evitar los mismos controles de seguridad y el riguroso etiquetado de las plantas sometidas a procesos de «edición genética», como se llama ese proceso en la jerga científica.
Es lo que denuncia ahora en un nuevo informe el Observatorio de la Europa Corporativa (OEC), una ONG con sede en Bruselas que lleva a cabo una valiosísima labor de seguimiento de los lobbies que allí operan.
Informe elaborado con ayuda de cientos de documentos conseguidos gracias a las leyes sobre libertad de información de las propias autoridades comunitarias así como de Bélgica y Holanda.
Según el Observatorio, han aumentado las presiones de todo tipo sobre la Dirección General de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión, que publicará próximamente un estudio sobre esas nuevas técnicas y la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que tanto molesta a la industria.
Así, un estudio solicitado por el Consejo Europeo y basado en las consultas realizadas con los países miembros y las partes interesadas parece claramente sesgado a favor del sector agroquímico, en opinión de esa ONG.
Para influir en los distintos Estados de la UE, la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas, próxima a esa industria, organizó reuniones con funcionarios cuidadosamente seleccionados de los países en principio más abiertos a la desregulación del sector.
En una de las reuniones celebradas se estudiaron distintas opciones legales así como proyectos estelares que pudieran persuadir tanto a la opinión pública europea como a quienes deben tomar las decisiones políticas.
El grupo de estudios Re-imagine Europa, que se presenta a sí mismo como una incubadora de ideas y nuevos proyectos y que dirige un grupo de trabajo sobre agricultura sostenible e innovación, recibió 1,5 millones de euros de la fundación del fundador del Microsoft, Bill Gates, y su esposa, Melinda.
El objetivo de esos trabajos, denuncia el Observatorio de la Europa Corporativa, es convencer a los actores políticos de que la desregulación de los transgénicos contribuirá a resolver el problema del calentamiento global.
El comité de expertos encargado de presentar a las instituciones comunitarias documentos en ese sentido está dominado por personas en principio favorables a la supresión de las regulaciones europeas sobre transgénicos.
De él forman parte tanto representantes de la industria agroquímica como las alemanas BASF y Bayer, que, como sabemos, se fundió en su día con la estadounidense Monsanto, sus respectivos lobbies, además del Gobierno de Washington, expertos y abogados.
Una plataforma fundada por el Instituto de Biotecnología de Flandes publicó recientemente una carta, supuestamente apoyada por 129 institutos de investigación, a favor de modificar la directiva europea sobre transgénicos.
Se ha sabido, sin embargo, que sus signatarios no son los institutos como tales, sino en muchos casos únicamente gente que trabaja en ellos. Una universidad se quejó de que se hubiese abusado de su logotipo mientras que otros firmantes no son siquiera centros de investigación.
Según Nina Holland, del Observatorio de la Europa Corporativa, muchas de las empresas agroquímicas que están detrás de esa campaña son las mismas que promueven el Nuevo Pacto Verde Europeo y su objetivo es hacer suculentos negocios con sus productos.
Sus esfuerzos de cabildeo parecen empezar a dar frutos: la Dirección General de la Salud y Seguridad Alimentaria habla ya de introducir algunos cambios en la legislación sobre transgénicos aunque diecinueve países han prohibido en sus legislaciones ese tipo de cultivos.
