En mi última colaboración hice hincapié en que la reconstrucción de una sociedad cohesionada e inclusiva presupone el acceso a la igualdad real de oportunidades en el ámbito socioeconómico, en el contexto familiar y de convivencia, en la área educativa/formativa, en unos servicios públicos de calidad. Y suma y sigue.
La realidad es que el coronavirus ha costado a nuestra economía mas de 7.800 millones de euros. La riqueza generada fundamentalmente por el sector servicios, el PIB, se ha visto recortada durante el año pasado, en un 23,7 %. Desestabilidad empresarial (Pymes, autónomos…); futuro «negro» especialmente para los jóvenes, 40% de paro; empleo inestable (estacionalidad y precariedad); salarios inadecuados… Lo que disminuye la capacidad de ahorro, así como de gastos en bienes y servicios. Todo ello conviviendo con las consecuencias sanitarias, graves y relevantes, de la Tercera Ola de la pandemia.
Desde la perspectiva sanitaria la dedicación de las infraestructuras/ equipamientos, y especialmente del personal sanitario (desde el/la médico al auxiliar; el acceso a las vacunas (con sus interrogantes); la aplicación de restricciones en el quehacer cotidiano (confinamientos, uso de los espacios públicos, acceso a actividades culturales y de ocio, reducciones horarias en equipamientos compartidos de encuentro)… Todas tales restricciones han colaborado al freno de la pandemia. Desde la perspectiva socioeconómica, las administraciones públicas con la colaboración de los agentes económicos y sociales, han aplicado medidas orientadas a reactivar la actividad empresarial y al empleo (ERTE, fijos discontinuos, ICO…). Pero, a pesar de los pesares, el mercado laboral muestra síntomas de que la creada red de seguridad para proteger el tejido productivo resulta insuficiente.
Con la pandemia instalada no existe la posibilidad de reactivar la actividad productiva. Nuestra actual ubicación sanitaria es positiva rozando un bajo riesgo, siempre y cuando mantengamos vivas las imprescindibles medidas «protectoras», especialmente en las «vacaciones» de Semana Santa y el pasado «puente» de San José. En las últimas fechas se percibe un cambio de tendencia. La incidencia sube por segundo día, la positividad se dobla, los contagios suben un 48%, aumentan los pacientes que acuden a Atención Primaria, y los fallecimientos ascienden a 30. El principal riesgo radica en los residentes autóctonos cuya movilidad es menos segura que el flujo de los turistas. A su vez, como dato positivo, la Agencia Europea del Medicamento, concluye que la vacuna de AstraZeneca es «segura y eficaz». Los principales agentes turísticos, especialmente del mercado alemán, en estas fechas ya están reactivando la demanda. Aunque tal opinión no coincide con otros conocedores de los mercados turísticos y con relevantes empresarios que consideran que el «momento adecuado» sería la segunda quincena de mayo con vacuna incluida, como inicio de la Temporada Alta prorrogable a Octubre.
La tercera ola de la pandemia ha golpeado al mercado laboral más de lo que lo hizo la segunda. Las restricciones de movilidad impuestas por las comunidades autónomas para tratar de frenar los contagios de coronavirus han asestado un severo golpe al tejido empresarial y al empleo. Tras un año de resistencia, el sufrimiento de las empresas y familias es extremo. Cada vez son más las empresas, especialmente pymes, que amenazan con bajar la persiana. Y cada día son más largas las colas en los bancos de alimentos.
Ante este escenario, se hace evidente que las distintas administraciones deben intensificar los apoyos. En el plano social urge mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que la prestación llegue por fin a más familias que la necesitan y evitar un sufrimiento social que no es aceptable. En el plano económico, al igual que están haciendo otros países europeos, es preciso dar un fuerte apoyo al sector privado, incluidas ayudas directas a las empresas que sean (o puedan ser) viables.
Como medida «Clave» los 1.000 millones de euros públicos del gobierno de P.Sánchez, cuya gestión corresponde al Govern balear, con destino finalista a les estructuras empresariales y a la creación de empleo estable. Es importante y urgente el concretar su finalidad, sus destinatarios, así como sus condicionantes. Es urgente actuar. Ya no hay margen para titubeos, se hace tarde. «Un año de pandemia ha agotado los márgenes de resistencia de tantas familias y empresas, y los meses de sufrimiento que quedan por delante pueden acarrear un precio muy elevado. El colapso económico español no es culpa del Gobierno; pero suya es la responsabilidad principal en aliviarlo».
Dos breves apuntes a modo de conclusión. La pretensión de recuperar el modelo productivo turístico, basado en índices de ocupación propios del 2018/19, puede ser un error de primera magnitud. Es necesario promover iniciativas empresariales (público-privadas) sostenidas y sostenibles de mayor valor añadido, fundamentadas en las nuevas tecnologías. Es imprescindible modificar el vigente modelo productivo turístico. El «instrumento» puede estar en nuestras manos, presentando proyectos de acceso a los Fondos UE, (Next Generation), 140.000 millones de euros destinados a España, destinados a reformas estructurales socioeconómicas. Tenemos los instrumentos. Obras son amores y no buenas razones.
