El fondo especial de 7.000 millones aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y destinado a ayudas directas a las empresas, reserva sustanciales partidas específicas para Balears y Canarias. Según lo explicado por la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño y resaltado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, a cuyo gabinete corresponderá gestionar la asignación, al archipiélago balear le llegarán 900 millones de los que el 74% será para Mallorca.

Con estas partidas se podrá dar nuevo impulso a 40.000 empresas de las islas. De ellas, se calcula que 38.200 tienen menos de diez trabajadores. Si añadimos otros soportes paralelos, como los 162 millones que se esperan en préstamos avalados por el ICO, ahora sí que podemos hablar de acuerdo y momento histórico y, al fin, de atención merecida a la realidad del tejido empresarial y económico de Balears.

Sobran justificaciones para ello. Basta fijarse en el hecho de que este archipiélago ha sufrido una caída del 21% del PIB durante el año de pandemia, lo cual ha implicado la consiguiente paralización de pymes y autónomos. Los mil millones en ayudas son un logro político que reconoce y palía las dificultades atravesadas por el alto número de trabajadores en ERTE, o directamente en paro, como consecuencia del gélido enfriamiento de la economía insular a causa del coronavirus, pero también es un logro político, habrá que reconocerlo, del que se beneficia Balears a remolque de Canarias.

El peso específico del otro archipiélago ha facilitado sin duda la llegada de esta ayuda extraordinaria, en cuyo reparto Balears ha obtenido proporcionalmente una posición más ventajosa.

En este sentido, no se puede desmerecer tampoco el esfuerzo realizado por la presidenta Armengol para plasmar ante la Administración del Estado la realidad, carencias en este caso, de la Comunidad que encabeza. Su visita de hace unas semanas a distintos departamentos ministeriales, tan denostado por la oposición por haber regresado «con las manos vacías», ha acabado dando buenos frutos.

El hecho de que los acuerdos se hayan alcanzado en el marco de la mesa diálogo social es otro factor de confianza y seguridad para el buen fin de los fondos otorgados. La presencia de la secretaria de Estado de Economía y Empresa, Ana de la Cueva Fernández, en la reunión de la mesa, el pasado viernes, refuerza esta impresión.

El verdadero reto está ahora en la gestión y distribución de los mil millones otorgados. La reciente remodelación del Govern ya respondió, en buena parte, a este fin creando una conselleria especifica para ello. Es una labor encomendada a Miquel Company. Al conseller menorquín le corresponderá velar por la rapidez en la distribución de las ayudas asegurándose de que llegan a empresas no solo turísticas y que disponían de solvencia y estabilidad antes de que estallara la pandemia. El rescate de empresas zombis no es labor de la Administración.

Queda un último apunte importante por hacer. Las ayudas concedidas ahora son importantes y de estricta justicia pero en modo alguno pueden servir para tapar otros déficits y aportaciones estructurales pendientes como el REB o los fondos estatutarios. Las necesidades persisten y hay que atenderlas.