La decisión del Govern de iniciar el proceso de expropiación de 56 pisos que están en manos de grandes tenedores, para destinarlos a alquiler social, ha tenido una enorme y rápida repercusión que ha alterado incluso la política estatal. Se trata de una medida contundente y valiente que en principio, desde una primera visión superficial, puede parecer una mera intromisión del Ejecutivo autonómico en el mercado inmobiliario y la propiedad privada. Sin embargo, la decisión, de grueso calado, debe ser analizada desde sus variados matices, tanto por lo que respecta a los contenidos de la norma como los condicionantes sociales, inmobiliarios y económicos que afectan a Balears.

Hablamos de una cuestión básica en la que este archipiélago se encuentra encorsetado entre la demografía creciente, la escasez de suelo urbanizable, la especulación y la preferencia por el alquiler vacacional, entre otros factores, en los que también podemos incluir las residencias temporales de ciudadanos extranjeros o el gran número de casas cerradas a falta de rehabilitación imprescindible para poder ser habitadas con normalidad.

En estas condiciones y al contrario de lo que ocurre en otras comunidades españolas, las viviendas de protección oficial tampoco han logrado satisfacer, desde hace décadas, las demandas de las clases medias y trabajadoras. Tanto la sociedad como la propia Administración han venido en concebirlas, de forma implícita, como una especie de casas pobres, de segunda categoría. La propia arquitectura de muchas de estas viviendas así lo delata. No debería ser de este modo.

Es de sobras conocido, por otro lado, que sociedades inversoras, bancos y los llamados fondos buitre están en posesión de considerables paquetes de pisos que siempre esperan mejor ocasión para salir al mercado. Las negociaciones del Govern con estos grandes propietarios, para destinar estos pisos a vivienda social, nunca han prosperado.

Ante ello, el Ejecutivo autonómico se decide ahora a dar un paso adelante, con una iniciativa pionera, pero de alcance limitado, que supone la expropiación de 56 pisos de grandes tenedores, por espacio de siete años, para destinarlos a alquiler social. Se ha fijado una compensación total de 1,8 millones de euros para los propietarios afectados por la intervención.

Como hemos dicho, las reacciones no se han hecho esperar. Pablo Casado, ha tachado la iniciativa de «intolerable» y la presidenta Francina Armengol reprocha al líder del PP su «defensa de los especuladores». Ciudadanos anuncia una interpelación en el Congreso

Conviene mantener las cosas en su cauce natural y no perder de vista, como señala el director general de la Vivienda, Eduardo Rosby, que «la situación se ha vuelto insostenible para muchas personas que no pueden pagar la renta». Mientras muchos pisos permanecen cerrados, podríamos añadir y que el destino consecuente de las casas es el de ser habitadas con normalidad.

La propiedad es un derecho que está en pie de igualdad con el de la vivienda. Dos principios constitucionales que hay que saber equilibrar y ponderar. La novedosa medida que emprende el Govern se manifiesta escrupulosa y consecuente y solo responde en parte y de forma temporal, al enorme problema de la falta de vivienda y a la crisis económica que afecta a Balears.