La campaña de vacunación, lenta por el insuficiente acopio de las vacunas, apunta a una cierta recuperación de la vida familiar y social. No puedo imaginar cómo las generaciones más jóvenes afrontarán esta nueva fase. Para la de mis coetáneos, será comparable al fin de la hibernación de los osos, pero más intensa, casi un renacer. Los contactos visuales con la familia nuclear, más allá de encuentros puntuales, se habrán mantenido a través de la tecnología. Con los amigos, con quienes hace un año que no nos vemos y con los que sólo nos hemos relacionado por teléfono, cosas de la edad, será una experiencia novedosa. ¿Cómo será su apariencia física? Que nuestro rostro revelará cambios físicos y psíquicos producidos por el confinamiento, de eso quedan pocas dudas, ¿peinaremos más canas o ya no hay nada que peinar? ¿Celebraremos la vida o lloraremos a los muertos? ¿Brindaremos por el (corto) futuro que nos queda o nos refugiaremos en los fulgores del pasado? A medida que envejecemos disminuimos nuestra vida social, pero es éste un proceso paulatino que nada tiene que ver con el acelerado que ha provocado la pandemia. El reto emocional con el que nos enfrentamos es el de intentar reconstruir esa vida. No sabemos si vamos a ser capaces.
El reto para la mayoría, y también para los gobernantes, será rehacer la vida y la convivencia, considerando las heridas en la salud, en la economía, en el trabajo. Será un trabajo arduo durante mucho tiempo pues las secuelas van a mantenerse hasta que podamos hablar de una cierta normalidad, aunque sea siguiendo con el uso de las mascarillas. Habrá que apechugar con el aumento de la desconfianza hacia los que dicen ser nuestros representantes. Se la habrán ganado por sus mentiras, sus errores, y por su focalización en la propaganda y en sus querellas, ajenas a la prioridad esencial de atender a la salud con todos los instrumentos del Estado. La acción pública se ha dirigido en buena medida a aplicar cataplasmas a la situación de los trabajadores por cuenta ajena por medio de los Ertes, que van a pagarse con cargo a las ayudas europeas y a la deuda pública. Pero se ha echado en falta cuando los afectados, pequeñas empresas de hostelería y autónomos, respondían a un perfil ideológico supuestamente distinto de la coalición de izquierdas que nos gobierna. Son esas zonas de sombra en la actuación pública las que van a incidir en el aumento de la tensión social y en la polarización política. En el caso de Balears, esa falta de gestos, no sólo económicos, también de empatía hacia esos sectores, ha sido especialmente significativa. La gestión del gobierno de Armengol ha sido muy irregular. Desde la adecuada aplicación de algunas medidas, hasta los escándalos por la falta de control de las vacunaciones, como ha sido el caso entre cargos públicos socialistas; y eclesiásticos, que no parecían confiar mucho en la vida eterna, como el señor obispo, monseñor Taltavull. Unas élites dirigentes cuyas apuestas son sus privilegios, cuya singularidad es su cobardía. El episodio del bar Hat ha evidenciado el diferente rasero entre gobernantes y gobernados y, al tiempo, ha incrementado la desconfianza. Gobernar no es tarea fácil y en estos momentos, con intenso escrutinio público, muchísimo más difícil. Pero es precisamente con fuerte viento racheado y no con la brisa cuando se puede comprobar la talla personal y política de un dirigente. Esa experiencia de gobierno en tiempos de tribulación colectiva, en que tan fácil es equivocarse y tan difícil superarla con acierto, no se la envidio a nadie. Cuando esto pase Armengol no va a ser la misma. Ya no lo es, lleva escrito en cada centímetro cuadrado de su rostro el relato de toda la pandemia.
El descenso en las hospitalizaciones ha coincidido con otras noticias no tan favorables. Una de ellas ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que ha anulado el rescate por el Consell Insular de Mallorca del túnel de Sóller. El tribunal ha tachado de «lacónico» el argumento de la defensa del interés general por parte del CIM y ha calificado el acuerdo de rescate como un acuerdo «político». Así pues, por mucho que la socialista Mercedes Garrido y el anterior presidente, Miquel Ensenyat, intenten reafirmarse en su postura de «medida necesaria para defender el interés general», e intenten escaquearse de sus responsabilidades, la justicia les ha puesto en evidencia. No era política, era propaganda. Con dinero de todos los mallorquines. Tiempo habrá, pero en algún momento la ciudadanía se preguntará por la necesidad de la existencia de esa institución que se superpone al gobierno de la comunidad. Cuando ha estado presidida por un político del mismo partido que ostentaba la presidencia del gobierno, Salom con Matas o Armengol con Antich, su gestión ha pasado desapercibida. Pero cuando no ha sido así, Munar con Matas o Ensenyat con Armengol, se han generado escándalos que lastran a la institución insular y hasta al mismísimo ayuntamiento de Palma. Así ocurrió tras el delictivo concurso de venta de Can Domenge denunciado por José Luis Núñez, que desencadenó la venganza de Maria Antònia Munar sobre sus proyectos en la primera línea de la Fachada Marítima, que toda la izquierda aplaudió con las orejas. Los socialistas mintieron como bellacos afirmando que toda la operación no costaría un euro a los palmesanos. Entre la corrupción del PP cuando la construcción del túnel en tiempos de Cañellas, la del gobierno de Matas en casi todas las esferas, y la frivolidad, sectarismo y propaganda del PSIB y del resto de la izquierda con la desclasificación de suelo y el rescate del túnel, son cientos y cientos de millones de euros los que tendremos que pagar los contribuyentes sin que los gobernantes hayan sufrido la menor sanción económica por su demagógica e irresponsable gestión. Ninguna responsabilidad política, siguen aferrados a los cargos, como si su vida de ello dependiera (depende).
Antes, la izquierda era culta. Ahora, la última metedura de pata de Garzón, ministro de Consumo y líder de IU, ha sido la de manifestar, sobre la polémica por el encarcelamiento de Pablo Hasél, que «han proponido» cambiar las leyes sobre la libertad de expresión. Sí, quizá debería propugnarse una ley que condicionara ser ministro de España al dominio de la expresión en español. No es una equivocación, no es una excepción, es la tónica a izquierdas y derechas: es una indigencia cultural consustancial con su indigencia política. Acostumbra a suceder.
