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Regresa el estado salvavidas

El Presidente Biden inaugura su presidencia presentando a las Cámaras un Plan de Estímulo frente a la pandemia que suma 1,9 billones de dólares. Las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, por su parte, aprueban un paquete de inversiones extraordinarias como respuesta a la pandemia que suma 750.000 millones de euros. En paralelo, los bancos centrales mantienen una barra libre de financiación que tiene dos destinatarios: financiar los manguerazos de liquidez a empresas y financiar parte de la expansión presupuestaria de los estados, en condiciones muy favorables. Estamos hablando de una inyección de recursos a la economía privada procedentes de los estados que más que duplica, en términos relativos, lo que fue el Plan Marshall tras la II Guerra Mundial.

La pandemia ha relanzado el papel crucial del estado en la ordenación de las cosas sociales, en una cuádruple vertiente: reguladora, aprobando e imponiendo las medidas restrictivas de la movilidad llegando a afectar derechos individuales básicos (por eso, en todos los casos se ha recurrido a legislaciones excepcionales); preventiva, organizando y financiando los procesos de vacunación masiva; restauradora, como agente económico actuando para los ciudadanos como salvavidas de último recurso frente a la pérdida de renta y riqueza asociada a las medidas sanitarias a que obliga la pandemia y, por último, reactivador del proceso de recuperación del crecimiento económico. Y lo ha hecho, con un amplio consenso político y social, más allá de los temores sobre su impacto en la deuda pública o, incluso, en el resurgir de la inflación.

¿Dónde quedan los tiempos en que el presidente Reagan repetía el mantra de que cuanto menos estado, mejor, ya que el estado era el origen de todos los problemas? ¿Dónde ha quedado la retórica anti establishment del presidente Trump? ¿Ya no quedan liberales que defiendan que el sector privado y el mercado son siempre, la mejor solución para todos los problemas sociales y económicos, mientras que el intervencionismo estatal solo genera abusos, ineficiencias y corrupción, en una relación de suma cero en la que ambos intentan expulsar al otro porque no hay sitio para los dos?

Tengo que reconocer que, como socialdemócrata, nunca he compartido la idea de que solo sea posible una relación excluyente entre lo público y lo privado. De hecho, la evidencia histórica demuestra que los periodos más fructíferos del desarrollo humano se han dado cuando dicha relación ha estado presidida por la máxima de «tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario», sabiendo que es una relación dinámica cargada de complementariedades. Por ejemplo, el tremendo impulso a la globalización experimentado en las últimas décadas ha sido protagonizado por las empresas, pero no hubiera sido posible sin tres decisiones de los estados: garantizar unas reglas del juego mínimas que dieran garantías a las inversiones internacionales; acordar la libre circulación de capitales por todo el mundo, con muy escasa supervisión por parte de los reguladores y aprobar el ingreso de China en la OMC aceptando, mediante una interpretación laxa, que las nuevas zonas de actividad puestas en marcha por el gobierno chino formaban una «economía de mercado».

Hay amplio consenso respecto a que la crisis financiera, desencadenada en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers por los problemas generados por las hipotecas basura y por el crecimiento descontrolado de los llamados productos derivados, fue debido a un exceso de desregulación, es decir, a un exceso de mercado sin el debido contrapeso supervisor del estado (los bancos centrales). Aun así, aunque el problema vino provocado por la lógica maximizadora del beneficio a que respondía el sector privado, también el recurso al estado como salvavidas al rescate de las entidades financieras demasiado grandes como para dejarlas caer, fue la respuesta que se adoptó en todos los países del G-20 una vez estalló la burbuja y tradujo sus efectos en crisis y paro.

Esta realidad, que se repite demasiadas veces a lo largo de la historia (la otra gran referencia en ese sentido es la crisis de los años 30 del siglo pasado) ha llevado a algunos a definir al estado como el basurero del sector privado, que solo interviene para recoger los desastres causados por los recurrentes excesos de un sector privado cuya lógica de maximizar el beneficio le lleva, de forma inexorable, a caer en crisis periódicas.

Frente a esta idea, ha surgido recientemente una visión contrapuesta del estado como motor de las principales innovaciones y avances de los que, sin embargo, se ha beneficiado la empresa privada. Sería ese estado emprendedor, capaz de asumir los costes iniciales de avances tecnológicos y de investigación básica demasiado elevados o inciertos para que los asuma un sector privado muy dispuesto, eso sí, a apropiárselos luego y a utilizarlos en sus propios desarrollos. Sería el caso de internet o de las nuevas vacunas contra el covid, que comparten esa característica común de haber sido puestos en marcha por el sector público. Según esta visión, sería el sector privado quien, con demasiada frecuencia, parasitaría al estado.

Se podría decir, pues, que la relación entre estado y mercado ha ido fluctuando como un péndulo a lo largo de la historia, lo que demostraría algo aparentemente elemental cuando nos quitamos las gafas ideológicas de ver las cosas: ambos se complementan, siendo los dos necesarios pues hacen cosas distintas. Su adecuada interrelación nos situaría en una suma positiva mientras que, en otras circunstancias (la corrupción como la más evidente), puede resultar una suma negativa para la sociedad.

Revisitar este debate en la segunda década del siglo XXI debe hacerse a partir de algunas conclusiones sobre las experiencias pasadas. Empezando por reconocer que la sociedad, en contra de lo que creía una liberal como Thatcher, existe, como un todo que es más que la simple suma de los individuos que la conforman. La pandemia es un ejemplo de esas situaciones frecuentes en las que aquello que me sucede a mí (contagiarme, o no) no depende solo de mis actos y esfuerzos individuales, sino también, de lo que hagan los demás. Las externalidades existen y junto a la acción colectiva son las dos razones principales que justifican la necesidad del estado que, en todo caso, debemos exigir que actúe siempre de manera eficaz, con transparencia y analizando la eficacia de sus políticas. El cambio climático, por su parte, ha puesto de relieve la necesidad de unas empresas privadas preocupadas por algo más que maximizar el beneficio de sus dueños para dotarse de un propósito que incluya sus responsabilidades con el conjunto de sus stakeholders (trabajadores, clientes, proveedores, sociedad y accionistas). Refundar el capitalismo tras la pandemia, como se plantea desde distintas plataformas, exige superar las «nacionalizaciones» o las «privatizaciones» como respuestas dogmáticas para todos los problemas, a modo de bálsamo de fierabrás. Necesitamos un estado que asegure derechos, dispuesto a ayudar de manera eficiente a quien lo necesita y un sector privado que actúe respetando esos derechos y capaz de aprovechar dicha ayuda en beneficio de todos y no solo propio. Porque si no queremos conformarnos solo con flotar, debemos aprender, también, a nadar.

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