Las evidencias y ligerezas sacadas a la intemperie por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que anula el rescate del túnel de Sóller, no desmerecen en absoluto la sucesión de incidencias, corrupciones y escándalos generados desde que Gabriel Cañellas decidiera poner en marcha su construcción en 1987.

Quizás uno de los peores reproches que se puede hacer a una institución pública es el de no regir sus actos atendiendo al interés general. Este modo de obrar es el que achaca el Tribunal Superior al Consell de Mallorca al confirmar lo fallado con anterioridad por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma.

Teniendo en cuenta que este tipo de medidas siempre deben ser excepcionales, y por tanto justificadas con argumentos sólidos, el rescate del túnel de Sóller no se amparó en razones de orden público ni tampoco atendió a criterios de proporcionalidad. En el expediente de recuperación de la explotación no se plasmó un interés público real, tampoco se contrastó la decisión, se obviaron las bases legales y la eficacia de la medida quedó huérfana de explicaciones elementales.

Dicho de forma más rápida y simple, fue fruto de una mera oportunidad política que ha costado 17 millones de euros al erario público para que los usuarios dejaran de desembolsar el peaje cinco años antes de que venciera la concesión. Estas son las conclusiones que remite con su fallo el Tribunal Superior a un Consell de Mallorca que, al verse desautorizado por la Justicia, mira a otra parte o se ampara en evasivas. Nada de asumir responsabilidades políticas frente a la marginalidad legal de un acuerdo que se confirma político en exclusiva. Es la reacción de Mercedes Garrido, consellera de Presidencia del Govern desde hace una semana y responsable de carreteras del Consell el día en que se decidió levantar para siempre la barrera del túnel de Sóller.

Garrido reniega del pasado, quiere pasar página, se posiciona al margen de cualquier decisión posterior vinculada a un rescate del que, quien fuera su presidente en el Consell, Miquel Ensenyat, le sigue responsabilizando. El actual senador de Més en representación del Parlament buscó una posición destacada en la foto del rescate del túnel pero ahora, al ser interpelado sobre la cuestión, echa balones fuera. Pobres comportamientos políticos para una errática operación de imagen de claro contenido político. El Consell de Ensenyat y Garrido halló en el rescate del túnel una vía de escape ante las críticas que arreciaban por la ampliación de la autovía entre Campos y Llucmajor.

La misma tónica de comportamiento superficial y simplista es el que afecta a la actual presidenta del Consell, Catalina Cladera. «Respeta pero no comparte» el fallo judicial que procurará volver a recurrir ante el Tribunal Supremo y se ve en condiciones de garantizar que los ciudadanos no volverán a pagar por acceder a Sóller a través del túnel. Ya lo han hecho por adelantado vía tributos. Las reacciones no hacen más que consolidar a este paso subterráneo, catalogado como el más caro y peligroso de Europa, como verdadero punto oscuro de la gestión y el capricho político en Mallorca. Es así desde que Antonio Cuart obtuvo una concesión temeraria hace más de tres décadas y después Gabriel Cañellas fuera declarado culpable por cohecho en 1997.