El candidato a presidente de la Generalitat, Salvador Illa ha defendido que el Gobierno al que él mismo pertenecía hasta hace nada condone la deuda al Estado de las comunidades maltratadas por el sistema de financiación que impuso, por cierto, el presidente Rodríguez Zapatero, con la de Cataluña —la mayor de todo el país— la primera. De paso, Illa ha acusado a Madrid de insolidaridad por bajar los impuestos cuando otras comunidades autónomas los suben. No sería noticia salvo por el detalle de que la Comisión de Expertos para la reforma del sistema autonómico propuso en 2020 la creación de un fondo para las autonomías peor financiadas y, ¡oh sorpresa!, resulta que la más perjudicada de todas es la valenciana pero la madrileña es la segunda. La catalana es la cuarta de la lista, por detrás de Andalucía y, ya que estamos, la de estas islas aparece en el sexto lugar.
Pues bien, Madrid, pese estar infradotada de manera escandalosa, mantiene un nivel impositivo modesto y, aun así, contaba en el tercer trimestre de 2020 con una de las deudas más bajas con el Estado: la tercera menor de todas tras la Rioja y Asturias, mientras que la de Cataluña es cuarenta veces mayor. Y si en vez de cifras absolutas hablamos de deuda por habitante, la catalana sigue siendo el doble que la de Madrid. Quizá sea porque en Madrid no ponen satélites en órbita ni abren embajadas.
Nadie sostuvo nunca —salvo con la boca pequeña— que los candidatos a cualquier presidencia o los ministros hayan de ser justos siguiendo el principio de que las leyes deberían serlo. Lo único que cabe exigirles es que se ajusten de forma escrupulosa a tales leyes. Siendo así me pregunto: ¿hay alguna forma legal de dar satisfacción a la exigencia de Illa de que se premie de manera escandalosa a Cataluña?
Parece que el ministro Montoro era mucho más ladino que sus sucesores. En los presupuestos generales de 2018, los últimos y prorrogados hasta los actuales, coló una disposición para poder condonar la deuda a las Comunidades Autónomas mediante «incentivos» que se suponía que debían premiar a las que cumpliesen mejor con las reglas fiscales pero, como siempre, quedaban al libre albedrío gubernamental. He repasado los presupuestos de 2020 sin encontrar ningún mecanismo similar. La disposición adicional 112ª permite a las comunidades endeudarse por encima de lo que se exigía antes, siempre que respeten ciertas condiciones —de nuevo teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y gasto—, pero eso no supone condonación alguna. Es, de hecho, lo contrario. No voy a comparar las capacidades políticas, intelectuales y de administración de Illa con las de Montoro pero cabría pedirle al candidato del PSC que explique qué leyes permitirían condonar la deuda autonómica para favorecer, una vez más, a Cataluña.
