El jueves, el Congreso aprobó de milagro el decreto-ley que regula la ejecución y establece el marco de gobernanza de los ingentes fondos que legarán a España desde Bruselas para emprender la reconstrucción, que devuelva a la economía de este país a las cotas anteriores a la pandemia. La norma, que seguramente debió ser mejor negociada por el Gobierno para conseguir un consenso previo incontrovertible, es vital para España, tanto por su rabiosa utilidad cuando porque el desaguisado tendría mal arreglo en el peor momento: una razón parecida está causando la crisis italiana, que seguramente desembocará en nuevas elecciones. Y es evidente la pésima imagen que transmitiría a Bruselas un fracaso de esta naturaleza.
Pues bien: el Gobierno no ha encontrado esta vez el apoyo de sus habituales socios catalanes (ya se sabe que en campaña electoral desaparecen los escasos principios de la clase política), Ciudadanos está en fase de hacerse notar para no desaparecer y ha votado no, y el partido Popular ha atendido como siempre su patriótico lema: «al enemigo, ni agua». Lo del sentido del Estado, lo de que prevalezcan los intereses generales sobre los particulares, son antiguallas sin valor alguno.
En esas estábamos cuando ha salido Vox a salvar la situación y se ha abstenido. Sus razones, confusas, se han basado en que quiere que los comerciantes y empresarios, que necesitan este dinero, lo reciban cuanto antes. Cabal argumento. Mi opinión sobre Vox, que niega algunos valores para mí vitales, no ha variado, pero hay que reconocerle que esta vez la palabra patriotismo no estaba vacía de contenido.
