Zona catastrófica

Julio Llamazares, que además de gran novelista es buen observador de la realidad que discurre ante sus ojos y por lo tanto buen articulista, ha escrito una oportuna pieza en la prensa que lleva el mismo título que estas líneas, y en la que manifiesta su sorpresa por la celeridad con que comunidades autónomas y municipios gobernados por la derecha han solicitado al gobierno, reconocidamente de izquierdas, la urgente declaración de zona catastrófica de sus respectivos territorios tras la nevada del siglo que varias de ellas han soportado este crudo mes de enero. Y han exigido cantidades exorbitantes tras hacer lo que algún analista ha llamado «las cuentas del Gran Capitán», porque, a su juicio, no sólo debería el Estado central abonar los desperfectos sino también el lucro cesante de aquellos empresarios que no han podido desarrollar su negocio por las inclemencias del tiempo.

Algunas de las voces más resonantes han sido las de las mismas personas que en el debate político abogan por un estado mínimo y por intensivas bajadas de impuestos, y ellas mismas alardean de que, cuando gobiernan, reducen la presión fiscal. Ayuso ha estado, como era imaginable, al frente de todas ellas.

En definitiva, se nos quiere confundir mediante la ley del embudo: el estado debe acudir solícito allá donde se le necesita, y en especial a remediar la contrariedad de quienes por cualquier motivo necesitan ayuda (se ve que estos demandantes se pasean poco por los arrabales de nuestras ciudades). Pero hay que conseguir al mismo tiempo que detraiga el menos dinero posible de los ciudadanos, eludiendo como sea pagar impuestos. La trampa es tan burda que parece mentira que haya logrado varios siglos de éxito electoral.

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