Es cierto que a nuestro Gobierno se le acumulan los problemas, muchos de ellos de una profundidad inusitada, pero creo que la declaración pública del conocido youtuber El Rubius, afirmando que trasladaba su residencia a Andorra para evitar pagar impuestos en España, merecía una respuesta oficial por parte de algún responsable gubernamental, para hacer pedagogía social básica sobre el papel del Estado y la importancia de contribuir a su funcionamiento y financiación. Y no hablamos de algo menor en momentos en los que, desde todos los sectores, grupos económicos y colectivos se demanda la protección e intervención del Estado ante los daños causados por el coronavirus en nuestra sociedad.
El discurso neoliberal extendido de manera salvaje ha puesto en la diana de sus críticas al Estado, al que se acusa de todo tipo de males, proponiendo su reducción a la mínima expresión. Al mismo tiempo, desde quienes defienden con ardor estas políticas, consideran que es la empresa privada y son los mercados los que tienen que llevar a cabo buena parte de las acciones que en la actualidad desempeñan los Estados a través de los servicios públicos, mediante una asignación eficiente de recursos, un discurso sumamente perverso cuyos negativos efectos sufrimos con dureza durante la Gran Recesión.
De manera que, para estos paladines del capitalismo salvaje y despiadado, es la búsqueda del beneficio el objetivo que debe guiar la prestación de servicios esenciales, a los que se accedería pagando, de manera que solo aquellos que tienen recursos podrían beneficiarse. Todo ello, además, se complementa con uno de esos mantras tan dañinos que la derecha viene predicando de manera sistemática, convertido en dogma de fe, como es la bajada y eliminación de impuestos, un misil que de manera deliberada se lanza contra la línea de flotación del Estado, al vaciarle de recursos básicos para atender las demandas y obligaciones de servicios a la población. Curiosamente, como no paramos de ver, quienes defienden esto son luego los primeros en asegurarse suculentos sueldos del mismo Estado al que quieren dejar sin medios, favoreciendo a empresarios, amigos, familiares y compañeros de partido con todo tipo de subvenciones, ayudas, contratos y prestaciones públicas, financiadas eso sí por el Estado al que, como termitas, van carcomiendo y debilitando.
Sin Estado no hay sociedad y la sociedad necesita de los servicios esenciales prestados por el Estado que son financiados a través de los recursos aportados por los ciudadanos, empresas y servicios. Es algo que bien pronto se comprendió cuando comenzaron a surgir los Estados modernos, en los siglos XV y XVI. Con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de nuestra capacidad económica y riqueza, algo que en España recoge el artículo 31.1 de nuestra Constitución.
Todos queremos disfrutar de más y mejores servicios públicos, mayores pensiones, mayor protección para el desempleo, mejores carreteras, más hospitales y médicos, educación gratuita con buenos profesores y colegios, que cuando tengamos una enfermedad sepamos que nos van a atender y curar, con independencia del dinero que tengamos. Y cuando nos vengan mal dadas, como sucede ahora, que sepamos que hasta si nos contagiamos por una pandemia nos van a cuidar, incluso, administrándonos una vacuna para protegernos. Todo eso, y muchísimo más, sale de los impuestos que pagamos al Estado al que todos pedimos más y más. Unos impuestos que sirven, también, para que quien es más rico y ha tenido más fortuna pueda contribuir para que quien peor está y es más pobre pueda sobrevivir y avanzar en la vida.
Además, quienes se han hecho más ricos y tienen más recursos lo han hecho, también, gracias a los servicios, la infraestructura y los funcionarios de un Estado que han prestado las condiciones básicas para su actividad económica. Esta es una razón más para comprender la necesaria progresividad en el pago de impuestos, de manera que quienes mayores fortunas y patrimonios han acumulado devuelvan una parte a la sociedad de la que se sirven.
Desgraciadamente, hace falta todavía un enorme trabajo de educación para que la gente comprenda estas y otras obviedades frente a quienes reclaman disfrutar de servicios públicos como los de Noruega, pero pagando los impuestos de Burkina Faso.
Que jóvenes youtubers, que se han hecho millonarios gracias a las condiciones que les ha ofrecido su país, difundan a los cuatro vientos que se niegan a pagar impuestos al mismo Estado que los ha formado, que paga las pensiones de sus abuelos, que atiende en los hospitales a su familia y que ha desplegado las redes de comunicaciones imprescindibles para su actividad privada demuestra el daño ético que se ha llevado a cabo en las últimas décadas contra el Estado y los servicios públicos de la mano de todos esos voceros de discursos ponzoñosos.
Estos jóvenes actúan como niños ricos malcriados que cuando les van bien las cosas se llevan los juguetes para que otros no puedan disfrutarlos. Pues nada, a disfrutar de por vida de las maravillas de ese inmenso país que es Andorra, mientras por aquí seguiremos tratando de hacer de España un lugar próspero, acogedor y solidario, a pesar del egoísmo de tantos y las muchas dificultades.
