El 30 de diciembre, Salvador Illa, ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, se convertía por sorpresa en candidato del PSC para las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero, aunque la operación se venía madurando desde el verano y al parecer cuajó definitivamente en noviembre aunque se mantuvo en secreto. La encuesta preelectoral del CIS recién publicada se basa en un trabajo de campo realizada entre el 2 y el 15 de enero; es decir, que ya valora el ‘efecto Illa’, que ha debido ser muy considerable porque los socialistas catalanes ganarían las elecciones autonómicas catalanas con el 23,9% de los votos y entre 30 y 35 escaños (obtuvieron 17 en las autonómicas del 21-D de 2017). ERC, con el 20,6% de estimación de voto, sería segunda fuerza al obtener entre 31 y 33 escaños. Junts per Catalunya (JxCat) sería tercera fuerza al pasar de 34 a una horquilla de entre 20 y 27 escaños; mientras la CUP sumaría de 8 a 11 escaños. Estos datos rebajan las expectativas para el independentismo, que lograría entre los tres partidos de 59 a 71 diputados (actualmente tienen 70). La encuesta registra una clara subida de Vox, que entraría en el Parlament con entre 6 y 10 escaños, probablemente por encima del PP, que se quedaría con 7 diputados (tuvieron 4 en 2017). La formación que lidera Inés Arrimadas, ganadora de los últimos comicios autonómicos con ella como candidata, se desplomaría desde los 36 actuales hasta la franja de los 13-15 escaños. En Comú Podem obtendría entre 9 y 12 escaños, mejorando los ocho actuales.
El 18 de diciembre pasado, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat pronosticó que ERC ganaría las elecciones del 14 de febrero con 35 diputados; JxCat obtendría entre 30 y 32 y el PSC 25. Aquel sondeo vaticinó una mejora de las tres fuerzas independentistas —ERC, Junts per Catalunya y la CUP— que ampliarían su mayoría absoluta de los 70 diputados actuales a entre 75 y 80. Ahora este inquietante pronóstico queda anticuado, al parecer.
Es chocante que, en cuanto los estudios demoscópicos de los partidos se percataron del “efecto Illa”, las fuerzas nacionalistas, con Aragonés de presidente interino de la Generalitat a la cabeza, decidieran forzar un aplazamiento con el pretexto de una pandemia… que dura ya diez meses y que ha tenido tantos altibajos que es ya manifiestamente imposible una previsión exacta de su discurrir. En definitiva, el atraso electoral es, como ha escrito un ilustre analista, una cacicada que no se tiene en pie porque no posee apoyatura jurídica alguna.
Los nacionalistas han argumentado que las elecciones gallegas y vascas también fueron retrasadas, pero el analista mencionado niega el parangón porque a).-aquellas elecciones fueron convocadas para el 5 de abril, fecha en que además de estar vigente el estado de alarma, regía un confinamiento total, que no hoy no se da; b).-aquellas elecciones fueron convocadas y desconvocadas y nuevamente convocadas por presidentes autonómicos elegidos; en cambio, Pere Aragonés es presidente interino, que, según el Estatuto, debió convocar las elecciones antes de expirar la legislatura; c).-los aplazamientos vasco y gallego se hicieron por consenso de todas las fuerzas políticas; d).-la OMS ha publicado ya unas recomendaciones sobre cómo celebrar elecciones en tempos de pandemia; y d).-Portugal, recién confinado, celebrará elecciones presidenciales el 24, y durante los últimos meses, en distintas fases de la pandemia, ha habido elecciones en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Israel, Corea del Sur… Países Bajos acaba de convocar elecciones para le 17 de marzo.
El asunto se ha judicializado, y el Tribunal Suprior de Justicia de Cataluña ha suspendido provisionalmente el decreto que trasladaba las elecciones a mayo —seguramente los nacionalistas imaginan que el ‘efecto Illa’ habrá cesado—, lo que obliga a realizar los preparativos electorales con vistas al 14F, incluida la campaña. El Tribunal se ha dado de tiempo hasta el 8 de febrero, a menos de una semana de la consulta prevista, lo que hace poco probable que conceda el polémico aplazamiento. En estas circunstancias, los ciudadanos valorarán por tanto no sólo el ‘efecto Illa’ sino los intentos marrulleros de desactivarlo.
