Cuando se lleva ya un mes administrando la vacuna que debe inmunizar a la población frente a la covid-19 se ha instalado en la opinión pública una impresión de cierto descontrol, retraso y trato de favor o desigual en la forma de suministrarla y hacerla llegar al ciudadano. Esta percepción, avalada por las cifras, hace que ahora mismo, por lo que respecta a Balears, existan serias dudas sobre la posibilidad real de cumplir el calendario previsto y sobre todo deseable, para la salud y la economía del archipiélago.

La distribución de dosis ha sido organizada a través de un sistema de semejanza piramidal en el que todo parte de la Unión Europea, sin capacidad de decisión por parte de quienes deben administrarla en último término, en contra de lo que ocurrió con el material sanitario durante la primera ola de la pandemia. Es un método que se desvela insuficiente, lento y desigual y cuyas carencias padecen estas islas en su propia estructura sanitaria. Balears está recibiendo menos dosis que otras comunidades españolas de población semejante. Con esta distribución irregular y centralizada, si bien se mantiene una tasa de aplicación (88,6%) ligeramente superior a la media española (86,6%), hasta nueve comunidades autónomas han recibido mayor número de vacunas que Balears. Por otro lado, aquí, al igual que en el País Vasco, se ha decidido aplicar un sistema de administración al destinatario que reserva una parte de las primeras dosis en previsión de después acelerar la segunda, una operatividad cuyo resultado y eficacia todavía está por ver.

Pero, con todo ello, el verdadero drama está en que, a finales de semana, solo quedaban en los depósitos del IB-Salut unas 2.500 dosis disponibles. Es evidente que, de no corregirse esta situación, todo se desmorona en cuanto a la necesaria inmunidad del grupo y la previsión del 70% de vacunados señalada por el presidente Pedro Sánchez para que puedan llegar los turistas. Ante esta situación, no resulta extraño que la Semana Santa ya se dé por perdida y que se incrementen las incógnitas y el escepticismo en cuanto al verano. Ante la hecatombe que se avecina, el Govern reclama ahora una estrategia de vacunación diferente que acelere el proceso en Balears. La reclamación topa con el preocupante mensaje de las farmacéuticas sobre los problemas de producción y suministro de las dosis.

A la dificultad logística de proporcionar y administrar la vacuna se añade ahora la polémica por el hecho de que directivos de centros hospitalarios públicos la hayan recibido cuando, en teoría, todavía no les correspondía.

El Govern se ha defendido asegurando que no se trata de políticos, en comparación con lo ocurrido en otros lugares en los que consejeros autonómicos han acabado dimitiendo por el mismo hecho. Es una interpretación muy relativa porque los gestores de hospitales no dejan de ocupar puestos de designación y confianza política.

Se ha generado una gran indagación al respecto. Basta mirar la reacción del Colegio de Médicos. Su vicepresidente, Carles Recasens, manifestaba ayer a este periódico que se ha intentado «justificar lo injustificable» y en cuanto a los hoteleros, el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, pedía «tolerancia cero» para quienes fallan a la «ética y el respeto». Se entienden estas reacciones cuando Balears no ha vacunado al uno por mil de su población.