A primera vista parece que cuando un país, digamos que España, está viviendo una tragedia como la que está arrasando con las vidas de innumerables conciudadanos (según el INE en torno a los 80.000 y es posible que antes del verano se alcancen los 100.000 fallecidos), con el trabajo y el futuro de cientos de miles si no de más de un millón de trabajadores, pequeños empresarios, autónomos, arrojados a la ruina, a la precariedad y al paro, una tragedia como no se había vivido desde la guerra civil, una tragedia en la que el país se juega su propio ser, los políticos, los encargados de responsabilizarse del presente y del inmediato futuro, enfrentados a un drama de salud de esas dimensiones, de un drama económico, laboral y existencial que afecta a individuos de todas las edades condicionando sus vidas presentes y futuras, deberían arrinconar todas las iniciativas y presupuestos que no tuvieran como resultado el centrarse en salvar vidas y economía. Para ello sería necesario que olvidaran sus intereses partidarios, sus estrategias de poder y esa extrema impostación que ha convertido la política en una deleznable representación teatral. Los ciudadanos ya no son espectadores sufridos y silentes de una burda farsa de la que se sienten ajenos; son víctimas directas de la incompetencia, del sectarismo, de la división, del populismo y de la mentira. Todo ello conduce a iniciativas de protesta desesperadas como la de la pasada semana frente al Consolat y al Parlament, a las que se suman extremistas de derechas, caracterizadas por algunos excesos y sancionadas sin sentido común por las autoridades, más inclinadas a reprimir que a atender con diálogo, ayudas y comprensión el inmenso malestar que provoca su ensimismamiento, su arrogancia y el celo demostrado en el mantenimiento de sus privilegios. El país se está hundiendo y no han sido capaces en Balears de hacer siquiera un gesto simbólico de reducir sus ingresos como algunas otras autonomías han hecho. Al contrario, los de Unidas Podemos, los que dicen representar a los más necesitados, encastillados en la defensa de sus pluses de 22.000 euros. Que no extrañe, pues, que un gran número de ciudadanos piensen que los políticos tengan como máxima prioridad sus propios intereses y no los de los ciudadanos.
Es en este contexto en el que el Gobierno de Sánchez y el de la Generalitat de Cataluña, presidida ahora por Pere Aragonés, de ERC, porfían por la fecha de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Así, hemos podido constatar como la pandemia no era la prioridad del ministro de sanidad, Illa, ni del Gobierno, que desde el verano se está escaqueando de sus responsabilidades como máximo responsable de la lucha contra la pandemia, dejando un escenario caótico en el que cada comunidad campea por su cuenta sin siquiera poder imponer el confinamiento domiciliario. Sánchez no quiere volver a modificar el decreto del estado de alarma y someterse a la crítica de la oposición. Su prioridad es ganar las elecciones en Cataluña y posibilitar el confinamiento arruinaría su apuesta política en Cataluña. Es inconcebible que se cambie de ministro de sanidad en medio de la pandemia. El candidato escogido en las primarias era Iceta, el secretario general del PSC. Bueno ya sabemos, algunos ya lo sabíamos, pero ya es de conocimiento general que lo de las primarias es un invento demagógico de los partidos para aparentar más democracia, cuando es un sistema de selección de líderes en un sistema como el mayoritario en el que el voto en primarias es un voto de los ciudadanos, no un voto interno de los partidos que sólo conduce a fortalecer la partitocracia y el cesarismo de los líderes. Iceta ha sido desplazado, supongo que con la promesa de hacerle ministro o algo parecido, porque en una encuesta electoral se constató el «efecto Illa», es decir que el ministro de Sanidad tenía mucha mejor imagen que Iceta. Se olvidan de las primarias y se aferra el PSOE desesperadamente a Illa para obtener buenos resultados en Cataluña. Es decir, en plena pandemia, lo que mueve al PSOE a operaciones de gran envergadura, no es la pandemia, es su estrategia partidaria. Es desdeñar la recomendación ignaciana, «en tiempos de tribulación, no hacer mudanza». La contraparte, el nacionalismo independentista catalán, igual de hipócrita que los gobernantes españoles, se justifica en razones epidemiológicas, en el peligro de contagio, para retrasar las elecciones, medida suspendida cautelarmente por el TSJC, cuando es obvio que quieren retrasarla para obviar el «efecto Illa» y rebajar el suflé que amenaza su poder. En uno y otro caso, de lo que se trata es de tomar como rehenes a los ciudadanos de unas estrategias políticas dirigidas a consolidar sus respectivos poderes.
Es en este momento, elecciones, cuando se dispara la adrenalina electoral, cuando Iglesias decide salir nuevamente a la palestra. Las encuestas en Cataluña anuncian un desplome de su formación y, para conjurarlo no tiene más ocurrencia que afirmar que Puigdemont es un exiliado comparable con los exiliados republicanos tras la Guerra Civil y remachar avisando que para criminalizar al independentismo que no le busquen a él sino a otros partidos. Lo primero es de una indecencia repugnante. Comparar a miles de víctimas de un golpe de Estado de parte del ejército, una guerra civil y una dictadura asesina, que tuvieron que dejar el país atravesando penurias, hambre sin cuento y un exilio de muchísimos años en situación de precariedad en el extranjero, el ejemplo mas paradigmático es la peripecia de Machado y su madre atravesando a pie los pirineos y muriendo en Colliure, con la huida de Puigdemont, un golpista que huye de la justicia a Bélgica, bajo los asientos de un coche, de una querella por rebelión tras el golpe de Estado posmoderno que supuso el delito de la proclamación de la república catalana vulnerando toda la legalidad democrática del Estado español, es de una indecencia insoportable. Sabe perfectamente que ninguna instancia judicial ni institucional criminaliza al independentismo; sí a quienes cometen un delito, sean o no independentistas. Pero miente a sabiendas, perjudicando la petición de extradición a Bélgica del huido de la justicia, a la imagen exterior de la España, y a la del gobierno del cual es vicepresidente. Sólo un político sin escrúpulos como Sánchez podría tolerar como socio gubernamental a un personaje tan falsario, demagogo e intelectualmente insolvente como Iglesias.
